Redacción / Energía a Debate
Mediante un memorándum fechado el 22 de julio pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteó una serie de instrucciones a los órganos reguladores del sector energético y calificó a la Reforma Energética como una “política de pillaje”.
“Con absoluto respeto a la autonomía de los organismos que representan y a cada uno de ustedes, mujeres y hombres libres”, comienza la misiva del jefe del Ejecutivo dirigida a los servidores públicos de dichos organismos, “expongo con total transparencia los lineamientos básicos de la nueva política energética que considero deben aplicarse en beneficio del pueblo y de la nación”.
“Como sabemos, desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza y de la industria eléctrica nacional”, plantea en su parte inicial el documento sin membrete.
El documento está dirigido a los servidores públicos de la Comisión Reguladora de Energía (CFE), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), aun cuando este último no es un organismo regulador. En todo caso, no se menciona al Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).
Posteriormente hace una referencia a lo que considera el saqueo de las empresas públicas, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
“En razón de lo anterior, es urgente profundizar en los cambios iniciados para rescatar a Pemex y a la CFE, considerando a estas empresas públicas como estratégicas e indispensables para el desarrollo independiente y soberano de nuestra nación”, afirma.
López Obrador incluso dice a los comisionados y funcionarios públicos de los organismos reguladores que, de ser necesario para el rescate de las empresas públicas, no se descarta hacer una nueva reforma energética, de manera que “debe mantenerse abierta, entre otras, la opción de presentar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión para hacer valer, sin lugar a dudas, el principio del dominio de la nación sobre sus recursos naturales”.
Por ello, el presidente expone los compromisos, acciones y cambios que deben hacerse tanto en las empresas públicas, como en los órganos reguladores:
1.- Mantener la política de no aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, el disesel, el gas y la electricidad.
2.- Alcanzar la autosuficiencia energética.
3.- No exportar petróleo, sino extraer solamente el que se necesita para las refinerías del país y dejar de importar combustibles.
4.- Aplicar el programa de producción de petróleo crudo con meta de 1.8 millones de barriles diarios promedio en 2020, de 1.9 en 2021, de 2.0 en 2022, de 2.1 en 2023, y de 2.2 en 2024.
5.- Continuar con el programa de rehabilitación de las seis refinerías del país y alcanzar para 2022 un nivel de procesamiento de 200,000 barriles diarios y, ese mismo año, terminar la construcción de la refinería de Dos Bocas que agregaría otros 340,000 barriles.
6.- Definir “lo antes posible” la conveniencia de construir el nuevo tren de refinación en La Cangrejera para alcanzar la autosuficiencia en combustibles antes de finalizar la actual administración.
7.- Priorizar por lo más rentable: construir o reconstruir plantas de generación eléctrica para satisfacer la demanda del sureste del país, en particular la Península de Yucatán, además de dar suficiente energía a la Península de Baja California.
8.- Potenciar la generación en las hidroeléctricas del país.
9.- Pemex y CFE deben reconocer contratos suscritos en administraciones anteriores, siempre y cuando no impliquen fraudes en contra de las empresas públicas ni de la nación.
10.- De existir pruebas de influyentismo y corrupción, presentar las pruebas.
11.- Supresión de subsidios a empresas privadas del sector energético.
12.- El sistema eléctrico nacional debe alimentarse en este orden: a) generación hidroeléctrica, b) generación de otras plantas de CFE, c) energía solar y eólica, y d) energía de ciclos combinados privados.
13.- La CFE debe aplicar un plan para el uso y venta de gas natural adquirido “en demasía” por el gobierno anterior, a fin de evitar multas y pagos exagerados.
14.- Detener el otorgamiento de permisos o concesiones a particulares en el sector energético por sobreoferta de petróleo y electricidad para el mediano y largo plazos.
15.- Apoyar a Pemex y CFE para que no sigan perdiendo participación en el mercado nacional.
16.- No se descarta la asociación con inversionistas privados en extracción de petróleo, refinación y en generación eléctrica, siempre y cuando se trate de acciones complementarias y que no afecten el interés nacional.
En este punto aclara que se respetarán los contratos derivados de las rondas petroleras, pero apunta que ya no se convocarán “nuevas subastas, pues el potencial petrolero que quedó fuera de tales concesiones solo podrá ser explotado por Pemex”, explica.
Reitera que en generación eléctrica, la participación privada no podrá superar el tope de 46% del consumo nacional.
En materia de petroquímica, se permitirán las asociaciones público-privadas y mayor inversión de empresas particulares, siempre y cuando eso no implique la entrega de insumos a Pemex, “como sucedió con la planta de etileno de Odebrecht”, refiriéndose a la planta Etileno XXI en Veracrzu, propiedad de Braskem Idesa, filial de Odebrecht.
17.- Desterrar la corrupción, el influyentismo y la impunidad de Pemex y de CFE y hacer más eficiente su administración y su operación en el manejo de los planes, programas y proyectos de ambas.
Al final de su memorándum, López Obrador solicita a los reguladores que informen si, con apego a su autonomía, está permitido por ley el fortalecimiento de Pemex y CFE, y realizar las acciones arriba descritas.
De no ser así, les solicita sus comentarios para “tomarlos en cuenta para informar en una próxima reunión sobre el plan de acción más conveniente para beneficio de nuestro pueblo y del interés nacional”.