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La iniciativa privada del país advirtió de los riesgos que generará el decreto que publicó ayer el gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que la administración pública tendrá que entregar permisos para las obras que sean consideradas prioritarias en cinco días.
Por una parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que el acuerdo va en contra de los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la competencia, la división de poderes, el uso eficiente de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.
La cúpula empresarial manifestó su “desacuerdo y fuerte preocupación” respecto al decreto publicado ayer.
El CCE, que aglutina a las 12 cámaras empresariales que aportan 80 por ciento del PIB, señaló que esta decisión “prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la Ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que serían irreversibles y que dejará a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”.
“Este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley”
Consejo Coordinador Empresarial
Además, consideró que equiparar proyectos de obra pública con el término seguridad nacional provoca que se evadan normas constitucionales y legales que tiene la función de proteger los derechos humanos, las transparencia, la competencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.
El CCE señaló que el concepto de seguridad nacional se reserva exclusivamente a casos graves que lo justifiquen, así como que la decisión de otorgar este calificativo corresponde al Congreso federal mexicano, de acuerdo con lo que indica la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, por lo que resaltó que: “este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley”.
“Es importante señalar que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio”, apuntó el CCE.
Por separado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que “es materialmente imposible” que el sector público emita aprobaciones de proyectos de infraestructura en cinco días sin que se eviten impactos negativos en los derechos de los ciudadanos.
La medida puede ser “severamente perjudicial porque tiene el potencial para dañar de forma irreparable los derechos humanos de los ciudadanos”, pues los trámites que se quieren evadir fueron hechos para proteger derechos y asegurar el correcto desarrollo de los proyectos de infraestructura.
“Con el decreto, los ciudadanos quedan en total estado de indefensión frente a la autoridad ya que verán cómo sus derechos humanos y certeza jurídica pueden ser atropellados. Por ejemplo, una obra podría ser devastadora con el medio ambiente y el derecho a la salud, sin consecuencias para las autoridades y sin garantías para que el daño sea reparado”, explicó la Coparmex.
“Se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”
Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos
ALISTAN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) aseguró que interpondrá una controversia constitucional contra el decreto, para evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
En un comunicado, el organismo coincidió en que el decreto puede transgredir el artículo 6º de la Constitución, al recordar que la “seguridad nacional” es un supuesto que permite reservar la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”, advierte.
