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El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés), presentó su documento 2022 Investment Climate Statements, donde advierte que los cambios aplicados por el gobierno mexicano en materia energética pueden incrementar los costos de hacer negocios en el país.
En el apartado del documento para México, que analiza las oportunidades y los riesgos para invertir en distintos países en el mundo, el Departamento de Estado advierte que en el país los principales riesgos se concentran en la incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos, la inseguridad, la informalidad y la corrupción, situaciones que obstaculizan el crecimiento económico sostenido de México.
“Esfuerzos recientes para revertir las reformas energéticas de 2013, incluidos los cambios de marzo de 2021 a la ley de electricidad (que la corte suprema determinó que no viola la constitución el 7 de abril pero aún están sujetos a medidas cautelares en tribunales inferiores), los cambios de mayo de 2021 a la ley de hidrocarburos (también ordenada por los tribunales mexicanos), y la propuesta de reforma constitucional de septiembre de 2021 que prioriza la generación de la empresa eléctrica estatal CFE, aumentan aún más la incertidumbre. Estos factores elevan el costo de hacer negocios en México”, detalla el documento del DOS.
Las declaraciones del Departamento de Estado de EU surgen mientras Washington solicitó una mesa de consultas para resolver disputas con México en el marco del T-MEC, debido, precisamente a los cambios en la política energética del país.
A la solicitud de Estados Unidos se sumará también Canadá, que tiene preocupaciones en el mismo sentido.
Preocupan cambios en las reglas del juego
El documento del Departamento de Estado señala que los inversionistas están cada vez más preocupados de que la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador esté socavando la confianza en las reglas del juego, particularmente en el sector energético al debilitar la autonomía de reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Aún así, la Cofece ha desafiado con éxito los cambios regulatorios en el sector eléctrico que favorecen a las empresas estatales sobre las empresas privadas. La administración nombró a cinco de los siete comisionados de CRE a pesar de las objeciones del Senado, que votó dos veces para rechazar a los nominados en parte debido a preocupaciones de que sus nombramientos erosionarían la autonomía de CRE”, detalla el documento.
Además, el termómetro de inversión de Estados Unidos advierte que los recortes presupuestarios de la administración dieron como resultado importantes despidos por parte del gobierno, lo que supuestamente ha obstaculizado la capacidad de las agencias para realizar su trabajo, lo que puede resultar un factor clave en las decisiones de inversión.
“La independencia de la CRE y la CNH se vio socavada aún más por un memorando del gobierno a ambos organismos instruyéndolos a usar sus poderes regulatorios para favorecer a las estatales Pemex y CFE”, concluye el documento.
