Transporte y Logística
Tecnología e Innovación
Sustentabilidad
Responsabilidad Social
Crisis Climática
Pobreza Energética
Estados Unidos ha solicitado consultas de resolución de disputas con México bajo el Acuerdo Comercial Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), que se relacionan con ciertas medidas de México que socavan a las empresas estadounidenses y la energía producida en los EEUU a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el T-MEC”, dijo la representante comercial norteamericana, Katherine Tai.
“Estos cambios de política afectan a los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivar la inversión de proveedores de energía limpia y de empresas que buscan comprar energía limpia y confiable”, agregó.
Tai destacó que su país ha tratado de trabajar sobre estos temas con el gobierno mexicano, pero sin resultados.
“Hemos tratado de trabajar constructivamente con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, desafortunadamente, las empresas norteamericanas continúan enfrentando un trato injusto en México. Buscaremos trabajar con el gobierno mexicano a través de estas consultas para resolver estas preocupaciones para avanzar en la competitividad de América del Norte”, refirió.
La oficina de la representante comercial (USTR, por sus siglas en inglés) también señaló que las acciones de México incluyen, entre otras, enmiendas a la ley de electricidad de México que priorizarían la distribución de energía generada por CFE sobre fuentes de energía más limpias proporcionadas por proveedores del sector privado, como la eólica y la solar. También incluyen las demoras, denegaciones y revocaciones de las capacidades de las empresas de EEUU para operar en el sector energético de México, incluso con respecto a proyectos de energía renovable.
“Los cambios de política de México amenazan con expulsar la innovación del sector privado del mercado energético mexicano”, dijo la oficina de la representante Tai, quien agregó que “para alcanzar nuestros objetivos económicos y de desarrollo regional compartidos y los objetivos climáticos, las cadenas de suministro actuales y futuras necesitan energía limpia, confiable y asequible”.
La funcionaria norteamericana explicó que, específicamente Estados Unidos está impugnando una reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México que prioriza la electricidad producida por CFE sobre la electricidad generada por todos los competidores privados; la inacción, demoras, denegaciones y revocaciones de los permisos de las empresas privadas para operar en el sector energético mexicano; una regulación de diciembre de 2019 que otorga solo a Pemex una prórroga para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre en el diesel para uso automotriz dispuestos una Norma Oficial Mexicana, y una disposición con fecha junio de 2022 que favorece a Pemex y CFE en el uso de la red de transporte de gas natural de México.
“Estas medidas parecen ser inconsistentes con varias de las obligaciones de México bajo el T-MEC, incluso bajo los capítulos de Acceso al Mercado, Inversión y Empresas de Propiedad Estatal”, estimó.
La USTR recordó que en 2013, México emprendió varias reformas energéticas, en respuesta a las cuales las empresas norteamericanas invirtieron en el sector energético de México. Específicamente, estas empresas han establecido y operado parques de energía eólica y solar e instalaciones de cogeneración y ciclo combinado que contribuirían con electricidad a la red eléctrica de México; han firmado contratos de interconexión que traen electricidad de Estados Unidos a México a través de la frontera, y han importado combustibles de origen estadounidense para la venta en estaciones de servicio en México.
Sin embargo, lamentó, desde diciembre de 2018 México ha seguido una política energética centrada en restablecer la primacía de su empresa eléctrica estatal, CFE, y la compañía de petróleo y gas, Pemex.
En este sentido, retomó el hecho de que en junio pasado, la Secretaría de Energía notificó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) un cambio en la política que requeriría, entre otras cosas, que los usuarios de la red de transporte de gas de México demuestren que obtienen el energético de Pemex o CFE.
“Estados Unidos ha planteado preocupaciones a México con respecto a sus políticas energéticas en numerosas ocasiones, incluso en relación con las reuniones de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC en 2021 y 2022, la Reunión de Diputados de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC en 2022 y en reuniones del Comité del T-MEC sobre empresas de propiedad estatal y monopolios designados”, enlistó.
La USTR informó que la representante Katherine Tail consultó a los miembros del Congreso y a una amplia gama de partes interesadas para escuchar sus serias preocupaciones sobre el deterioro de la trayectoria de las políticas energéticas de México.
Citó que, según el artículo 31.4.5 del T-MEC, las partes iniciarán consultas dentro de los 30 días posteriores a la solicitud presentada por los Estados Unidos, a menos que las partes decidan lo contrario. Y de acuerdo con el artículo 31.6.1 del Tratado, si las partes no resuelven el asunto a través de consultas dentro de los 75 días posteriores a la fecha de dicha solicitud, Estados Unidos puede solicitar el establecimiento de un panel.
