El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los organismos que lo integran exhortaron a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que modifique el Acuerdo A/004/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que se restringe la atención de trámites pendientes y futuros de participantes del mercado.
El organismo argumenta que el acuerdo, que reanuda los plazos y términos legales tras la suspensión derivada de la pandemia de COVID-19, impide el eficiente desarrollo del sector energético en México.
Lo anterior, ante la acumulación de trámites pendientes, que actualmente ascienden a casi 10 mil procesos, correspondientes a hidrocarburos, electricidad y pre-registro.
“Esta acumulación de permisos, que deben ser procesados por la CRE, se sumarán a una importante solicitud de nuevos permisos que resultan indispensables para el correcto y eficiente desarrollo del sector energético, lo cual será un freno a la realización de proyectos que son esenciales para aprovechar inversiones productivas en México”, señaló a través de un comunicado.
Frenos al sector energético que impactarán al T-MEC
Asimismo, advierten que el acuerdo, publicado en días pasados, carece de una metodología transparente e impone límites artificiales al funcionamiento del sector energético, dado que:
- Se consideran únicamente 50 permisos al mes en materia de hidrocarburos, 15 al mes en materia de electricidad y 120 al mes de pre-registros.
- Solamente se podrá solicitar un solo permiso por persona física o moral por mes.
- Contravienen los plazos legales establecidos en los Reglamentos de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático y las demás disposiciones jurídicas aplicables, por lo que sería susceptible de controversias de carácter legal.
Por ello, el CCE hizo un llamado a las autoridades para que modifiquen el decreto en apego al marco jurídico vigente.
Además de que puedan habilitar un sistema eficiente y transparente de plazos y tiempos, el cual fomente y agilice el desarrollo de la industria y la competencia
en el sector energético nacional.
El cual lo consideran como indispensable para apoyar el desarrollo competitivo de la industria, los servicios y el comercio, en beneficio de la economía de las familias mexicanas.
Onexpo también expresa inconformidad
La Onexpo como organismo cúpula del sector empresarial del expendi de los petrolíferos gasolinas y diésel, pide a la CRE realizar un análisis profundo, técnicamente sustentado e integral al Acuerdo, en el que se evalúen y consideren los efectos negativos que tiene sobre los consumidores, inversionistas y empresas.
Esto con el fin de identificar los factores que resultan “lesivos a cualquier forma de competencia económica, de generación de fuentes de trabajo que llevan bienestar a las regiones en donde se puedan instalar alguna de las diversas actividades que integran el sector de los petrolíferos”.
El organismo refirió que actualmente existe un rezago importante de más de 10 mil asuntos pendientes, de los cuales, alrededor de 8 mil corresponden a la materia de hidrocarburos y más de 1,200 de pre-registros.
Asimismo, alertó que, con el acuerdo, a los regulados se les limita a no poder hacer más de un trámite, un pre- registro de una nueva empresa, y el número de solicitudes que puedan realizar.
De manera general limita el crecimiento del sector de los petrolíferos.
También se ve limitado el esfuerzo del presidente de la República de alcanzar la soberanía energética, al frenar la construcción de nuevas estaciones de servicio en las comunidades que más lo necesitan, ya que inhiben las inversiones del sector cuando son indispensables para apoyar los proyectos prioritarios en
materia energética del ejecutivo.
Riesgos de parálisis del sector energético
De permanecer las reglas dictadas en este acuerdo, la Onexpo indicó que es altamente probable que:
• Se incremente el rezago y con ello de nuevo la paralización de trámites ante la CRE.
• Generen barreras a la libre competencia.
• Inhiban las inversiones en el sector.
• Propicien la pérdida de empleos directos e indirectos
• Restrinjan la construcción de infraestructura necesaria para atender la nueva oferta que derive de la operación de la Refinería de Dos Bocas.
• Motiven la judicialización de este acuerdo a fin de promover las inversiones y el desarrollo.
• Promuevan de manera indirecta la proliferación de mercado ilícito de combustibles.
• Impacten en la recaudación fiscal al no poder contener el mercado informal.
Por ello, consideró importante que del análisis que realice la CRE, se obtengan nuevas reglas que garanticen el Estado de Derecho, bajo los principios de legalidad, objetividad, transparencia, equidad y certeza jurídica, pues el contenido de este acuerdo genera agravio a los derechos de los regulados, ya que contravienen disposiciones vigentes e incluso constitucionales que limitan el derecho de petición y el derecho a ser atendido.