Cerca, la hora de los resultados de la política energética

En México el sexenio presidencial se encuentra en su último tercio y su proyecto de recuperar la autonomía energética sigue en números rojos: gastamos más en importaciones de energéticos que lo que exportamos de estos productos. Las bases de la política energética fueron expuestas de manera genérica en julio de 2019 en el Plan Nacional de Desarrollo. Meses después se presentaron objetivos y programas a través de documentos oficiales y pláticas de funcionarios del gobierno, de Pemex y de CFE.

Evaluar los resultados implica comparar el estado en que se encontraba el sistema energético y su funcionamiento al concluir el sexenio anterior, con el que entregará el gobierno a la siguiente administración. Las variables que recibirán mayor atención serán las que mejor describan el funcionamiento del sector energía y sus tendencias hacia la eficiencia y adaptación a las necesidades sociales, ambientales y económicas del país. Entre los temas más relevantes, de manera enunciativa mas no limitativa, estarán los siguientes:

La Infraestructura, respecto a su expansión, ampliaciones de capacidad, de cobertura, vida útil remanente, utilización, mantenimiento e interconexiones;

Las inversiones, en lo relativo a su suficiencia, a su nivel anual, costo del dinero, costos de producción de la energía primaria y secundaria, reservas, producción, generación de electricidad, sistemas de transporte, almacenamiento y distribución, cadena productiva nacional, planes y programas de largo plazo, oportunidades en desarrollos de gran visión, apertura a privados y cumplimiento de tratados internacionales;

La transición energética e innovación tecnológica, a través de la integración de energéticos no contaminantes y de “cero emisiones” en la composición de la mezcla total de energéticos, la oferta de nuevos energéticos, la eficiencia en la producción y el consumo de energía, la flexibilidad de sustitución entre energéticos, la adaptación al usuario final y las competencias nacionales en las áreas de conocimiento que requiere el sector energía;

El acceso de la población a la energía, considerando las mejoras en la distribución y disponibilidad de los productos energéticos, ampliación de la cobertura, ampliación de las redes eléctricas, de petrolíferos y de gas natural, nuevos puntos de distribución y expendio, bajos diferenciales de precios a nivel nacional e internacional, estabilidad de los precios al público, tarifas que reflejen los costos y subsidios bien fundamentados;

La seguridad energética, que se refleja en la producción nacional de los energéticos, las importaciones y su facilidad de ejecución, la diversificación de las fuentes de abastecimiento, la confianza en las empresas involucradas, el almacenamiento, la continuidad de abasto, y la preparación y solidez del sistema para responder ante contingencias;

El medio ambiente, en cuanto a la contaminación del sector energía y sus productos, su huella ambiental local, la mitigación de emisión de gases efecto invernadero, la adopción de las mejores prácticas y el cumplimiento de los principios ESG;

El respeto al marco legal, en lo relativo a su funcionalidad y cumplimiento expedito, transparencia, rendición de cuentas, existencia de licitaciones confiables, validez de los contratos, reputación de las instituciones y jueces, intervención de las autoridades, continuidad de las actividades, previsibilidad del modelo, protección de las instalaciones, prioridad al debido proceso, información pública abierta, completa y oportuna, diversidad de inversionistas y competencia.

“…más allá de las empatías o del debate que puedan despertar las posturas del gobierno, los resultados deberán hablar por sí mismos”.

Sin duda la presente administración ha dado prioridad al sector energía, como se ha reflejado en los altos presupuestos que se le asignan anualmente. También ha sido clara la intención del gobierno de reforzar financieramente a Pemex y a la CFE, así como en la posición mayoritaria que se les intenta otorgar en los segmentos clave del mercado, a través de modificaciones legales y direccionamiento regulatorio. Sin embargo, más allá de las empatías o del debate que puedan despertar las posturas del gobierno, los resultados deberán hablar por sí mismos, por lo que la atención sobre su utilidad se concentrará en las condiciones fundamentales del sector:

• Revertir la caída continua de la producción de petróleo para aumentarla a 2 millones de barriles por día (MMbd). Al inicio del sexenio Pemex anunciaba que la producción de crudo alcanzaría 2.6 MMbd en 2024. En diciembre de 2021 el objetivo se ajustó a 2 MMbd. Desde enero de 2022 hasta finales de junio, la producción de Pemex se encuentra estable, pero por debajo de 1.65 MMbd, incluyendo condensados. Por otra parte, la producción obtenida de los contratos de petroleras privadas alcanzó 71 mil bd (Mbd) en marzo de 2022, con proyecciones de llegar a 223 Mbd en 2024 y a 354 Mbd en 2028.

• Incrementar la producción de gas natural a 5 mil millones de pies cúbicos por día (MMMpcd). En 2019, Pemex estimaba que la producción del gas natural hacia 2024 pasaría de 3.5 a 4.9 MMMpcd. Durante más de un año, la producción reciente se ha mantenido por debajo de 5 MMMpcd en números brutos, que incluyen nitrógeno, quema, venteo, consumo propio de Pemex y etano, lo que en términos netos de entrega al mercado es de 1.05 MMMpcd. Por otra parte, las importaciones de gas natural han disminuido desde 2020 en línea con el descenso del PIB, ubicándose en 5.56 MMMpcd durante el primer semestre de 2022. Se espera que las importaciones vuelvan a crecer en los meses previos a la recuperación del PIB, dando sustento al crecimiento.

• Llevar las seis refinerías del país a operar a niveles óptimos de capacidad: El 2 de septiembre de 2022, el presidente informó que se han invertido 35.4 mil millones de pesos (MMMdp) en la rehabilitación y mantenimiento de las seis refinerías. A la fecha, exigiendo a las refinerías mayores procesamientos, en promedio han logrado operar por encima del 50% de su capacidad, aunque mostrando dificultades para alcanzar las metas de producción de gasolina y diésel. La refinería Olmeca deberá iniciar la producción de petrolíferos al total de su capacidad durante 2023, para lo cual el gobierno ha anunciado pagos por trabajos adicionales no contemplados en el presupuesto original, necesarios para iniciar las pruebas de operación. Mientras tanto, a través de la refinería de Deer Park, comprada en Texas a Shell, si bien su producción traída a México se trata de importaciones, su disponibilidad mejora la certidumbre de abasto de petrolíferos que requerimos en México.

• Mantener el precio al público de los petrolíferos y de la electricidad al límite de los aumentos por inflación: A fin de contener el aumento de los recientes precios de los petrolíferos, el gobierno gastó 575 MMMdp durante 10 semanas en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía. Si bien este esfuerzo ha contenido los peores repuntes de la inflación, este apoyo ha beneficiado a los segmentos de la población de mayor ingreso, sin mejorar el acceso general de la sociedad a los energéticos. El crecimiento de la inversión en transmisión y distribución de electricidad no ha sido suficiente, como tampoco en el transporte y la distribución de petrolíferos. Por una parte, la CFE no ha logrado expandir las redes de transmisión y distribución de electricidad al ritmo de la demanda. Por otra, los ductos para el transporte de petrolíferos son objeto de extracciones irregulares por organizaciones criminales, obligando al uso de medios de transporte de mayor costo, además de que la CRE ha postergado la emisión de inversiones privadas en los sistemas de almacenamiento y distribución de petrolíferos.

• Disminuir la incertidumbre de suministro de energéticos: Las importaciones han aumentado y el número de días de almacenamiento de combustibles sigue estando muy por debajo de otros países de la OCDE, con mínimos días de disponibilidad, cercanos a situaciones de disrupciones en el suministro.

• Dar cumplimiento a los planes de la CFE. En el Plan de Negocios de la CFE para el periodo de 2022 a 2026, la cartera de proyectos identificaba necesidades de inversión por 65.9 MMMdp en 2021, 124.6 MMMdp en 2022, 120 MMMdp en 2023 y 125.7 MMMdp en 2024. Con base en dichas necesidades, el presupuesto en generación se estimó en 91.8 MMMdp, el de transmisión en 81 MMMdp y el de distribución en 142.9 MMMdp. Adicionalmente, el plan de inversiones incluye recursos presupuestales en diversos fideicomisos: de Inversión (seis centrales de ciclo combinado y dos a base de turbinas de gas), de Generación Convencional (ocho centrales) y de Energías Limpias (una central fotovoltaica, otra geotérmica y la modernización de diez hidroeléctricas). El 2 de septiembre de 2022 el presidente informaba que al término de este sexenio la CFE habrá realizado inversiones por 9,300 millones de dólares para incrementar su capacidad instalada en 10 mil MW (34 proyectos que incluyen 16 hidroeléctricas y un parque de energía solar). Será necesario que CFE concilie el diferencial entre las inversiones que expone el presidente y los presupuestos que parecían necesarios para cubrir las necesidades.

• Mejorar la situación financiera de Pemex y CFE: Se han disminuido marginalmente el nivel de deuda de Pemex, aunque ésta y otras contingencias, como el pasivo laboral, suman todavía montos muy superiores al valor de los activos. El 28 de diciembre de 2021, el director de Pemex presentó un decálogo para el fortalecimiento de la empresa que requerirá 389 MMMdp en 2022, 372 MMMdp en 2023 y 355 MMMdp en 2024. En cuanto a CFE, su deuda total ascendió a 447.6 MMMdp de pesos al primer semestre de 2022. Los niveles de certificación internacional para las dos paraestatales actualmente se encuentran al límite inferior dentro del grado de inversión. Los niveles se han mantenido bajos por los altos vencimientos de la deuda a corto plazo y por la incertidumbre sobre su capacidad para ampliar sus ingresos.

• Consolidar la transición energética y la mitigación de gases efecto invernadero en línea con la ratificación del Acuerdo de París: En 2016, México se comprometió a reducir un 25% de sus emisiones de gases efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta, generando 35% de energía limpia en 2024 y 43% en 2030. A partir de 2024, los países se someterán al escrutinio internacional. Conforme al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036, México logrará generar el 35% de su electricidad a partir de energías renovables hasta 2031 y no en 2024.

• Aumentar las reservas probadas de hidrocarburos: Los niveles anuales de las reservas posibles han decrecido, al igual que de las reservas probadas al no lograr reponer la producción anual. La proporción de reservas a producción nos da pocos años de certidumbre para justificar un aumento sustentable de la producción.

• Mejorar la certidumbre jurídica y el desarrollo institucional en el sector: El marco constitucional y legal del sector energía es sustancialmente el mismo que se estableció en 2013. A pesar de ello, a través de modificaciones a leyes y reglamentos, acompañadas de decisiones administrativas, se han tomado medidas que regresan poder de mercado a CFE y a Pemex, generando debates sobre la certidumbre jurídica en el sector energía. Carecemos de un consenso parlamentario sobre los principios de política energética, sobre la autonomía de los entes reguladores, sobre la diversificación energética, la competencia, el impacto ambiental del sector energía, la mezcla energética de mayor conveniencia para el país, la adecuada distribución de la infraestructura e instalaciones de sector energía, y de una adecuada hoja de ruta que permita la participación amplia de los especialistas y empresas que aseguren las inversiones que se requieren hacer durante los últimos dos años de gobierno y en adelante.

• Cumplir con los principios de transparencia y rendimiento de cuentas: Se han realizado inversiones importantes en hidrocarburos y electricidad por parte de Pemex y CFE. Sin embargo, los niveles de inversión no solo son inferiores a los del sexenio precedente, sino que el camino preferente para su contratación ha sido el de las asignaciones directas, seguido de un más intrincado acceso público a la información para corroborar la competitividad y el cumplimiento de los compromisos. Las deudas a proveedores han sido altas, deteniendo el desarrollo de las cadenas productivas.

Es todavía prematuro intentar evaluar los resultados de la política energética de la actual administración. Faltan dos años para ello. Sin embargo, los retos son grandes y el tiempo restante es corto. Durante los dos años que restan, los presupuestos privados y públicos del sector deberán ser grandes y bien orientados, con una clara hoja de ruta a seguir durante el proceso de conclusión de esta administración. Seguirán presentes las incertidumbres externas en cuanto a la geopolítica de la energía, la inflación, las tasas de interés y niveles en el tipo de cambio, que pueden afectar el crecimiento del consumo y con ello de la inversión y del PIB. En breve, se acerca la hora de ver los resultados de la actual política energética.