Disculpe el lector que interrumpa la serie de artículos sobre los subsidios eléctricos, pero el dictamen aprobado para la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros, hace necesario abordar el tema.
Voy por partes.
Primero. Solo se aprobó un dictamen en Comisión. No hay aún reforma. Para que se apruebe, se requiere del voto a favor de dos terceras partes de la Cámara de Diputados; después, que se mande al Senado lo aprobado, se avale en Comisiones en su calidad de Cámara revisora, y después voten a favor igualmente dos terceras partes de los senadores. Ya con eso, además, la deben aprobar por lo menos diecisiete congresos locales. Si bien en este momento el oficialismo no tiene los votos suficientes para aprobar el dictamen en la Cámara de Diputados, a partir de septiembre todo indica que sí lo tendrá, producto de la polémica sobrerrepresentación resuelta por el Instituto Nacional Electoral (INE) el viernes 23 de agosto, que probablemente sea ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al bloque oficialista en el Senado le harán falta tres votos. Tal parece que estamos a merced de esta súper mayoría creada artificialmente por el INE.
Segundo. De aprobarse el dictamen, la CRE no desaparece del todo, sino que vuelve a la Secretaría de Energía, como estaba antes de 2013. O sea, pierde su autonomía técnica y de gestión para volverse una oficina de gobierno a merced de los vaivenes políticos. La autonomía actual buscaba dar continuidad, certeza y despolitizar la regulación. Ahora se perdería este avance.
Tercero. Hay que decir que la autonomía se perdió en este sexenio, pues quitaron comisionados y pusieron a quienes les eran favorables. Para ello se valieron de presiones y persecuciones. Así, llegaron a la CRE algunas personas totalmente ajenas a la función de este organismo regulador (por ejemplo, un experto en refinación cuando la Comisión no tiene nada qué ver con procesos industriales de hidrocarburos), pasando por burócratas (que hicieron negocios al amparo de la falta de claridad y el contubernio; hubo denuncias que presentaron sus pares), hasta dos comisionados que intentaron cumplir con sus encomiendas constitucionales, no sin matices ideológicos incluidos.
¿Algo podría frenar esta reforma que muchos consideramos regresiva?
Cuarto. ¿Algo podría frenar esta reforma que muchos consideramos regresiva? Tal parece que lo único que podría hacerlo o matizarla serían los tratados internacionales que México ha firmado, pues la reforma es contraria a ellos.
Pondré uno de los ejemplos más básicos y claros.
Según la reforma, la CRE volverá a ser una oficina dentro de SENER.
Quien está a la cabeza de la Secretaría preside el Consejo de Administración de PEMEX y CFE. Entonces, al tener dentro de su estructura a la CRE, la SENER será al mismo tiempo hacedor de política, regulador y uno de los regulados. Es algo así como que Slim, o alguno de los directivos de sus empresas, se volviera el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (a la que también quieren desaparecer). ¿Imagina usted las condiciones de desigualdad en las que se encontrarían todas las empresas que compiten con Telmex o Telcel? Telmex tendría todo para imponernos lo que quiera y cuando quiera, en perjuicio de la competencia y, finalmente, el consumidor. Para evitar eso es que los reguladores deben ser organismos que gocen de autonomía.
Quinto. ¿En qué me afecta a mí, ciudadano de a pie? Aquí va un ejemplo real.
Si usted revisa las memorias de cálculo de las tarifas de suministro básico de la CRE, encontrará que la empresa del gobierno es la que más caro genera electricidad. Su costo promedio es hasta cinco veces más alto que el de los privados.
Pero el costo que se encuentra en esas tablas solo reconoce los costos eficientes de generación. En otras palabras, si le dieran rienda suelta a la empresa del gobierno, los costos podrían ser más altos, aunque se maquillen con subsidios.
Ahora imagine un regulador que es al mismo tiempo quien encabeza la empresa que además está cooptada por los intereses corporativos, políticos y sindicales. Podría reconocer a través de tarifas cada vez más altas todos los costos, sin filtro alguno. Los que la operación ineficiente y el sindicato exija, y no habría problemas; al fin que los costos se taparían con más subsidios.
El segundo ejemplo. Imagine que llega una compañía para pedir un permiso de generación en un lugar donde la empresa de gobierno tiene una central de generación vieja y poco eficiente. La nueva central ofrecería energía de forma más competitiva y desplazaría a las centrales poco eficientes pero que son del gobierno. Entonces, para evitar esa afectación a la empresa del gobierno, el regulador negaría el permiso, con lo que la empresa del gobierno aseguraría continuar operando y nosotros seguiríamos pagando sus costos altos, sin opción de tener energía más barata.
Pues así sería el escenario con la pérdida de la autonomía.
Sexto y último. El ahorro que se generaría por desaparecer a la CRE. En el año 2018, la CRE generó ingresos por mil millones de pesos, mientras que sus gastos fueron solo de 850 millones. En los años siguientes debió mantener los ingresos, pues se seguían pagando permisos y derechos, pero disminuyó su presupuesto y la adelgazaron a la mitad del personal, aproximadamente. Eso significa que desaparecer a la CRE no genera ahorro alguno. Más aún, las atribuciones de la CRE se llevarán a cabo por una oficina en la SENER, o sea que, a lo sumo, se ahorrará el salario de algunos comisionados.
Como podemos ver, cooptar al árbitro, al regulador, no beneficia sino a quien lo coopta. No mejora la calidad del sistema energético ni beneficia al ciudadano, sino que, por el contario, nos deja a merced de los vaivenes políticos. Y ya Luis Echeverría Álvarez, por no citar lo que ha ocurrido en el presente, mostró cómo termina eso de dejar todo a los políticos.
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