Transporte y Logística
Tecnología e Innovación
Sustentabilidad
Responsabilidad Social
Crisis Climática
Pobreza Energética
El Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa de Yucatán resolvió, por unanimidad de votos, conceder la suspensión definitiva de los efectos y consecuencias de los permisos del megaproyecto solar Ticul A y B, que se ubicaría en las comunidades de San José Tipcéh, en el municipio de Muna, y Plan Chac, en el municipio de Sacalúm, ambos en esa entidad.
Como consecuencia de esta resolución, las autoridades están obligadas a detener totalmente cualquier obra o actividad relacionada con este megaproyecto hasta que concluya el juicio.
En la sentencia, el Tribunal Colegiado de Yucatán reconoció que se acreditó el interés legítimo de las comunidades para solicitar la suspensión, debido a que existen normas convencionales y constitucionales que protegen derechos en beneficio de una colectividad, en este caso perteneciente al pueblo maya.
El órgano judicial consideró que los permisos otorgados pueden transgredir esos derechos, pues incluso se incurrió en omisiones que impidieron a las comunidades contar de forma previa y oportuna con información precisa y completa para evaluar las afectaciones reales que tales proyectos les ocasionarían.
Además, con base en las pruebas presentadas, resolvió que las comunidades están ubicadas dentro y junto al megaproyecto solar, que está fraccionado en dos partes, lo cual acredita el daño inminente e irreparable en su contra.
De iniciarse cualquier obra de remoción de suelo y vegetación, que incluye 604 hectáreas de selva, como parte de las actividades para la construcción y operación del megaproyecto solar, se causarían daños ambientales y bioculturales de imposible y difícil reparación, como son las afectaciones a especies de flora y fauna protegidas, a los servicios ambientales de los que se benefician las comunidades, así como al uso cultural que hacen de ese territorio.
A estas afectaciones se sumarían daños posiblemente irreparables a los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano y a la consulta previa, libre e informada de las y los peticionarios, autoadscritos como indígenas del pueblo maya.
De acuerdo con las Autorizaciones de Impacto Ambiental, entre los dos proyectos se pretende instalar un millón 183 mil 500 paneles solares fotovoltaicos para la generación aproximada de 299 Megawatts (MW).
