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México parece estar dejando atrás el modelo eléctrico basado en competencia y señales de mercado para avanzar hacia un esquema de coordinación crecientemente centralizada.
El cambio ya es visible en el lenguaje oficial. Hoy se habla menos de apertura, inversión y competencia; y más de conducción estatal, control centralizado y planeación vinculante. Detrás de este último concepto no hay un mero ordenamiento técnico, sino una definición de fondo: el participante privado solo puede generar lo que el Estado determine, cuando se lo permita y donde el diseño central lo dicte, supeditando la eficiencia económica a la voluntad política.
“Hoy se habla menos de apertura, inversión y competencia; y más de conducción estatal, control centralizado y planeación vinculante”.
El propio subsecretario de Electricidad, José Antonio Rojas Nieto, definió recientemente esta transición como la necesidad de recuperar “la dirección estratégica frente a una suma de decisiones privadas desarticuladas”, durante la conferencia Energía y Sustentabilidad: innovación desde el sector público, presentada junto a Emilia Calleja Alor, directora general de CFE, en la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar.
La frase debería llamar la atención de cualquier inversionista serio.
La infraestructura energética no se financia a seis años. Se financia a dos o tres décadas. Y el capital de largo plazo depende de una condición básica: estabilidad de reglas.
Ahí comienza el problema.
México sí enfrenta desafíos técnicos reales: congestión, presión sobre transmisión, reducción de inercia y crecimiento acelerado de recursos basados en inversores. Todo eso es cierto. Pero los mercados pueden modelar riesgos técnicos. Lo que no pueden modelar fácilmente es la discrecionalidad política.
Cuando el mismo Estado planea, regula, opera, supervisa y además conserva la capacidad práctica de redefinir criterios futuros, desaparece la separación entre árbitro y jugador. Bajo este esquema, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no solo compite en el tablero, sino que se perfila como el único comprador viable o el socio obligatorio en proyectos mixtos. Para el inversionista, esto introduce un riesgo de contraparte sistémico: su competidor comercial es, al mismo tiempo, la entidad que decide el acceso a la red y las tarifas de transmisión.
Y eso cambia completamente el cálculo financiero.
No es casualidad que recientemente S&P Global Ratings modificara de “estable” a “negativa” la perspectiva crediticia tanto de México como de Pemex y CFE, vinculando explícitamente el deterioro de percepción al fortalecimiento de la dependencia estructural entre las empresas productivas del Estado y el propio gobierno federal.
La calificadora describió a Pemex como una empresa con una estructura de capital “insostenible”, altos niveles de apalancamiento y fuerte dependencia de respaldo público, después de haber recibido decenas de miles de millones de dólares en apoyos gubernamentales durante los últimos años.
En el caso de CFE, S&P señaló igualmente un “vínculo intrínseco” con el Estado mexicano, derivado no solo de la propiedad total del gobierno, sino también de su control sobre la administración, dirección estratégica y conducción financiera de la empresa.
El punto relevante no es únicamente financiero.
Es institucional.
Porque conforme aumenta la concentración de decisiones estratégicas, regulatorias, operativas y financieras dentro de una misma estructura política, el inversionista deja de evaluar solamente variables técnicas o económicas y comienza a incorporar riesgos asociados a continuidad regulatoria, discrecionalidad futura y estabilidad jurídica de largo plazo.
La pregunta deja entonces de ser únicamente si el sistema eléctrico será estable. La pregunta comienza a ser otra: ¿las reglas seguirán siendo las mismas dentro de diez o quince años?
Esa duda modifica primas de riesgo, tasas de financiamiento y decisiones de inversión mucho antes de que aparezcan señales visibles de crisis.
El capital rara vez confronta públicamente a los gobiernos. Simplemente se vuelve más cauteloso.
Paradójicamente, el propio discurso oficial intenta tranquilizar al mercado mediante conceptos como “innovación institucional”, “desarrollo mixto”, “asociaciones estratégicas” y participación privada respaldada por el Estado.
Pero ahí aparece precisamente la contradicción central.
Porque mientras más poder concentra el Estado sobre la planeación, la regulación, los contratos y la conducción operativa, más depende el inversionista de la permanencia futura de criterios políticos y no únicamente de variables técnicas o económicas.
México enfrenta además una contradicción estratégica mayor. El nearshoring requiere simultáneamente energía confiable y certidumbre jurídica. Las cadenas industriales globales necesitan estabilidad regulatoria de largo plazo para justificar inversiones multimillonarias.
En esta carrera, México no está compitiendo contra su propio pasado, sino contra el reloj global. Las ventanas de oportunidad geopolítica son estrechas; el capital que no encuentre garantías en el entorno local en los próximos años no esperará a que el país resuelva sus dilemas ideológicos. Se marchará a Texas, a Phoenix o a Vietnam, consolidando allá infraestructuras que operarán por los próximos treinta años.
La historia económica muestra que los mercados pueden tolerar burocracia, impuestos altos e incluso ineficiencia operativa. Lo que rara vez toleran durante mucho tiempo es incertidumbre institucional.
Y cuando la confianza comienza a erosionarse, el efecto normalmente no aparece primero en los discursos oficiales.
Aparece en algo mucho más silencioso: el capital empieza a buscar otros destinos.
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