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El riesgo silencioso para la infraestructura crítica de México
Durante años, la mayoría de los mexicanos jamás escuchó hablar del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
Y, en realidad, así debía ser.
Cuando el sistema eléctrico funciona correctamente, nadie piensa en él. La electricidad aparece al encender un interruptor, las fábricas continúan operando, los hospitales siguen funcionando y las ciudades permanecen iluminadas. La normalidad eléctrica suele pasar desapercibida precisamente porque se da por sentada.
Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad existe una de las operaciones técnicas más complejas y estratégicas del país.
El CENACE es la institución responsable de coordinar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, administrar el Mercado Eléctrico Mayorista y mantener, segundo a segundo, el equilibrio entre la generación y el consumo de energía eléctrica en una red que abastece a millones de usuarios.
La magnitud de esta responsabilidad rara vez es comprendida fuera del sector. No se trata únicamente de administrar un mercado o supervisar instalaciones eléctricas. Se trata de coordinar infraestructura crítica cuyo valor se mide en cientos de miles de millones de dólares y cuya falla puede afectar simultáneamente a regiones enteras del país.
Para cumplir esa tarea, México depende de un grupo relativamente pequeño de especialistas altamente capacitados: operadores, ingenieros, analistas de estabilidad, expertos en protecciones, telecomunicaciones, mercados eléctricos y control en tiempo real. Profesionales cuya formación requiere años de experiencia y cuya sustitución no puede lograrse de manera inmediata.
Y es precisamente ahí donde aparece una pregunta que va mucho más allá de cualquier discusión coyuntural sobre salarios, pensiones o jubilaciones.
La pregunta es si un país puede permitirse debilitar los incentivos que durante décadas le permitieron atraer, desarrollar y retener al talento encargado de operar infraestructura estratégica.
Porque, en el fondo, el debate no gira alrededor de una jubilación. Gira alrededor de la confianza institucional. Y la confianza es un activo estratégico cuando se pretende atraer, formar y retener talento para operar infraestructura crítica.
Una institución que ayudó a transformar el sector eléctrico mexicano
La importancia del CENACE no se limita a mantener encendida la red eléctrica.
Durante la última década, esta institución se convirtió en uno de los pilares técnicos que permitieron la transformación más profunda que ha experimentado el sector eléctrico mexicano en generaciones.
La creación del Mercado Eléctrico Mayorista, la incorporación de nuevos participantes, la integración de centrales privadas, parques eólicos, plantas solares y esquemas cada vez más sofisticados de despacho y operación exigieron capacidades técnicas y operativas de enorme complejidad.
Más allá de las posiciones políticas que cada persona pueda tener sobre la reforma energética, existe un hecho difícil de ignorar: México logró incorporar una parte importante de su nueva capacidad de generación mediante inversiones privadas que representaron miles de millones de dólares.
Sin esa capacidad instalada, el crecimiento de la demanda eléctrica habría requerido recursos públicos de una magnitud extraordinaria.
Pero existe un aspecto que rara vez se menciona. Ninguna de esas inversiones habría sido suficiente sin una institución capaz de coordinar técnicamente un sistema cada vez más complejo. La existencia de nuevos participantes, nuevas centrales y nuevos mecanismos de mercado requería una entidad con la capacidad técnica necesaria para garantizar que todo operara de manera segura, confiable y eficiente.
Esa institución fue el CENACE.
La operación simultánea de cientos de centrales eléctricas pertenecientes a distintos participantes del mercado, bajo criterios de seguridad, confiabilidad y eficiencia económica, exige niveles de especialización que pocas veces son visibles para el público.
Y esa capacidad no descansa principalmente en edificios, computadoras o centros de control. Descansa en el conocimiento humano acumulado durante años por especialistas capaces de tomar decisiones en tiempo real sobre uno de los sistemas eléctricos más complejos de América Latina.
El problema no es una jubilación
Reducir la discusión actual a una cifra económica es perder de vista el fenómeno principal.
La pregunta relevante no es cuánto recibe una persona al momento de retirarse. La pregunta relevante es qué señales envía el Estado a quienes hoy están decidiendo dónde construir su carrera profesional.
“La pregunta relevante es qué señales envía el Estado a quienes hoy están decidiendo dónde construir su carrera profesional”.
Formar un operador de sistema eléctrico, un especialista en estabilidad de red o un experto en operación de mercados eléctricos requiere años de capacitación, experiencia y exposición operativa. Se trata de perfiles altamente especializados que no aparecen espontáneamente en el mercado laboral ni pueden sustituirse de manera inmediata cuando se pierde experiencia acumulada.
Además, gran parte de ese conocimiento está asociado a funciones monopólicas y exclusivas del Estado. El sector privado puede absorber a estos especialistas para fortalecer sus propias capacidades técnicas, optimizar sus estrategias comerciales o desarrollar proyectos energéticos cada vez más complejos. Sin embargo, legal y constitucionalmente no puede asumir la responsabilidad de operar la red nacional ni ejercer las funciones que corresponden al operador del sistema.
Cuando el talento migra, el conocimiento no desaparece. Pero deja de estar disponible dentro de las instituciones encargadas de tomar decisiones operativas para el conjunto del país. Y esa diferencia es fundamental.
Por esa razón, los Estados suelen utilizar mecanismos de carrera, permanencia y jubilación para atraer y conservar talento especializado en actividades consideradas estratégicas. No se trata de privilegios, sino de instrumentos diseñados para preservar conocimiento crítico para la operación del propio Estado.
Y cuando la confianza institucional se erosiona, inevitablemente comienzan a modificarse los incentivos que influyen en las decisiones de quienes deberán operar la infraestructura estratégica del futuro.
Una dimensión que rara vez se discute
Existe además una dimensión que pocas veces forma parte del debate público.
Las instalaciones estratégicas pueden protegerse físicamente mediante edificios más seguros, sistemas redundantes, controles de acceso, protocolos de emergencia y múltiples mecanismos de protección.
Sin embargo, existe un activo mucho más difícil de proteger: el conocimiento.
La experiencia acumulada por quienes operan infraestructura crítica no puede comprarse de manera inmediata ni fabricarse por decreto. Debe desarrollarse durante años y, una vez perdida, puede requerir décadas recuperarla.
Esta realidad es especialmente relevante en organizaciones cuya función está directamente relacionada con la continuidad operativa de servicios esenciales para el país.
Las redes eléctricas pueden modernizarse. Los sistemas de control pueden actualizarse y los equipos pueden reemplazarse cuando alcanzan el final de su vida útil. Lo que resulta mucho más difícil de reconstruir es la experiencia acumulada por una generación completa de especialistas.
Por ello, cuando se debilitan los incentivos que históricamente permitieron formar y retener talento altamente especializado, la discusión deja de ser exclusivamente laboral.
En ese momento, la discusión se convierte en un asunto de capacidad institucional con implicaciones directas sobre la seguridad energética y el interés nacional.
El verdadero riesgo
México enfrenta desafíos energéticos enormes. La expansión de la red, la integración de energías renovables, los sistemas de almacenamiento, la digitalización de la infraestructura y la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos son apenas algunos de ellos.
Sin embargo, existe un riesgo menos visible que rara vez ocupa titulares: la pérdida progresiva de capacidad institucional.
Las organizaciones no funcionan únicamente gracias a edificios, software o equipamiento tecnológico. Funcionan gracias al conocimiento acumulado de las personas que las operan.
Las centrales eléctricas pueden construirse. Las líneas de transmisión pueden ampliarse. Los centros de control pueden modernizarse.
Lo que no puede construirse de la noche a la mañana es una generación completa de especialistas capaces de operar uno de los sistemas eléctricos más complejos de América Latina.
La infraestructura crítica puede protegerse con muros, cámaras y procedimientos.
El conocimiento especializado no.
Porque, al final, la verdadera soberanía energética no reside únicamente en la propiedad de las centrales eléctricas, las líneas de transmisión o los centros de control. Reside también en la capacidad de un país para conservar el conocimiento especializado necesario para operarlos con seguridad, confiabilidad y excelencia.
Un Estado puede construir infraestructura en algunos años. Formar a los especialistas capaces de operarla requiere décadas.
La seguridad energética de una nación depende tanto de la infraestructura que posee como de su capacidad para conservar el conocimiento que la hace funcionar.
Cuando ese conocimiento comienza a perderse, no sólo se debilita una organización. Se debilita progresivamente la capacidad del Estado para gobernar un sistema cuya operación depende cada vez más de talento altamente especializado.
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