Redacción / Energía a Debate
A pesar del rechazo de la oposición política, de las cúpulas empresariales y de las empresas que participan en la industria eléctrica, la Cámara de Diputados aprobó esta semana, con 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones, la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Así, el Presidente, a través de los legisladores de Morena y partidos afines, logró imponer, sin discusión y sin cambios, sus argumentos ideológicos por encima de las razones técnicas y jurídicas y aprobaron la iniciativa preferente para reformar disposiciones de la LIE que busca favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de la competencia.
Mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calculó que la reforma a la LIE elevará el costo de suministrar la energía en el país en 63 mil millones de pesos al año, provocando un efecto inflacionario en la economía nacional, daño a la inversión ante la falta de certeza jurídica, además de que causaría una ola de amparos y litigios internacionales.
“Se traduce en un costo adicional de 63 mil millones de pesos anuales, ¿Quién lo va a pagar? No sabemos, esa decisión la toma el Estado, los puede pagar a través de subsidios o a través de mayores tarifas a los agentes económicos, y si los agentes económicos reciben electricidad más cara, tendrán que trasladarlo a los precios al consumidor”, señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE.
Las empresas representan el 75 por ciento del consumo eléctrico del país, comentó “Esperamos que se hable de mantener las tarifas para todos los consumidores en el país. Si se va a sostener el valor de las tarifas se deberán sostener del cien por ciento. Todos debemos de tener una tarifa eléctrica mejor”, dijo.
Varios otros organismos empresariales se unieron a la inquietud. “Para la producción de alimentos, el costo de la energía es un elemento fundamental y en muchos casos es el factor de rentabilidad y competitividad, dijo Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
“Nos preocupa que las tarifas se puedan elevar, encareciendo el uso de este energético”, indicó el directivo, además de que “es una señal de desaliento para futuras inversiones extranjeras”.
A su vez, numerosos despachos de abogados señalaron que la reforma a la LIE es inconstitucional, porque frena la competencia y daña la certidumbre jurídica de los inversionistas, Según Bernardo Cortés, del despacho Dentons Lopez-Velarde, “la reforma, a mi parecer, es inconstitucional. En la medida en que no se está modificando el principio de la Constitución de abrir la libre competencia a las oportunidades de generación y comercialización de electricidad, crear una ley secundaria con base en esta reforma estaría violando ese principio de libre competencia y, por lo tanto, sería inconstitucional”, dijo al periódico El Financiero.
Por su parte, la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF) criticó en un comunicado que el gobierno relegue las energías renovables y destacó que es necesario aminorar la dependencia de “un solo combustible” en el país, en alusión a las recientes afectaciones por la falta de gas natural.
Es esencial que se comience a incentivar la generación de energías limpias, consideró. “Es necesario prever sistemas de almacenamiento y es aún más importante disminuir la dependencia de un solo combustible de flujo constante; es decir, se hace indispensable diversificar las fuentes energéticas y privilegiar las energías renovables, aunque esto implique adaptar la infraestructura para admitirlas con seguridad y confiabilidad”, planteó.
El Senado de la República analizará la reforma a partir de la próxima semana.