Tendría 4T que cambiar la Constitución para evitar conflictos

Ulises Juárez / Energía a Debate

Si el gobierno de México quiere reconducir la política energética del país, tendrá que cambiar necesariamente la Constitución porque, de lo contrario, seguirá incurriendo una y otra vez en procesos que están vulnerando derechos, transgreden la norma jurídica y frenan el desarrollo de las actividades energéticas.

Lo anterior dijo Marisol Anglés Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien afirmó que no se puede cambiar de la noche a la mañana de opinión en cuanto a cómo conducir la política energética del país, ya que no se trata de una “opinión”, sino de una cuestión jurídica.

En el seminario virtual “A dos años de la 4T, ¿qué está pasando con el medio ambiente y con la política ambiental?”, Anglés Hernández desarrolló los temas de seguridad energética y cuidado ambiental desde la perspectiva jurídica, pero “sin posturas ideológicas”, aclaró.

“Creo que una de las fallas de este gobierno es que parece ser que se obvió que existía todo este marco legal previo, se quiso hacer uso de los mecanismos que están al alcance del Ejecutivo para tomar medidas y cambiar el rumbo”, expuso en relación con la publicación de la Política y el Acuerdo de Confiabilidad por parte de la Secretaría de Energía (Sener) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), así como con los amparos que se derivaron de ellos.

“Por supuesto lo que hay detrás es privilegiar a las empresas productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, y lo que se hizo obviamente fue sentar las bases para la conflictividad muy grande que se judicializó”, subrayó la investigadora.

Sobre este punto, Anglés apuntó que el primer acto de la llamada Cuarta Transformación que creó un conflicto jurídico en el sector energético fue la cancelación de la Cuarta Subasta Eléctrica de Largo Plazo, prevista para 2019, por parte del Cenace.

“Creo que aquí tenemos que tener como punto de inflexión, como de análisis objetivo, que no podemos tachar a los inversionistas de ladrones, de abusivos, cuando nosotros desde el marco jurídico sentamos esas bases. Ellos están aprovechando eso, pero no es que ellos sean los perversos porque así se creó el entramado normativo que les permitió hacer una serie de acciones”, afirmó.

Por otra parte, dijo que la Política y el Acuerdo de Confiabilidad tienen de fondo la intención de frenar las inversiones privadas y extranjeras en energías renovables, de manera que violentan acuerdos internacionales, bilaterales, regionales y globales.

“Cuando vamos a un arbitraje internacional, las valoraciones que hacen los árbitros para decidir si un Estado o no está incurriendo en responsabilidades, si está violentando los derechos del inversor, es justamente si realizó acciones u omisiones que le impidieron recuperar su inversión”, explicó Anglés.

“No se valoran interés público, interés social, daños ambientales, daños sociales, eso no entra en el análisis de un juicio arbitral. Lo que se valora es: ¿Le generaste expectativa de negocios? Sí. ¿Cumpliste con esas expectativas? No. Entonces eso es equiparable a una expropiación de la inversión. Aunque materialmente no se está expropiando la inversión, formalmente se considera que realmente se está llevando a cabo ello por justamente todas estas prácticas que están de fondo que están impidiendo recuperar la inversión”, agregó.

Por su parte, Jorge Villarreal, director de Política Climática de Iniciativa Climática de México, expuso acerca de la necesidad de una Transición Energética Justa en la que haya una distribución equitativa de los costos y beneficios, una reducción de las asimetrías de poder entre los grupos y sectores sociales a través de la participación y la representación de todos los involucrados, y sobre todo, el reconocimiento de las injusticias existentes y futuras en todos los ámbitos sociales y económicos.

Villarreal enfatizó también en la planeación territorial y ecológica en las comunidades y zonas en donde se proyecta instalar desarrollos de energías renovables, esto con una visión incluyente y transparente.

En este sentido, dijo que el papel de hombres y mujeres de las poblaciones y comunidades en la toma de decisiones debe verse como un aliado. Sin embargo, aclaró que incluso debe respetarse el derecho a decir no a un proyecto por parte de la comunidad.

También destacó que es imperativo tomar en cuenta las diferencias territoriales y de proyecto en la planeación para poder identificar los problemas y conflictos, y por tanto, las soluciones.

Por último, Gabriel Baeza, de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), comentó que actualmente operan 65 parques eólicos en 13 entidades del país, la mayoría concentrados en Oaxaca, Tamaulipas y Nuevo León.

En conjunto, todos los parques suman una capacidad instalada de 6,513 megawatts (MW) y representan inversiones por 12.5 mil millones de dólares, dando empleo a más de 14,000 personas.

En cuanto a las subastas eléctricas de largo plazo, dijo que de las tres que se realizaron se derivaron 2.2 gigawatts (GW) de energía eólica adjudicada, de los cuales 1.2 GW ya están en operación, 0.7 GW están en pruebas y los 0.3 GW restantes están por iniciar obra.

El seminario fue organizado por el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, perteneciente al Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), de la UNAM.