Menuda carga dejó Manuel Bartlett Díaz a la actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y no es poco.
La semana pasada, la empresa transportadora de gas natural TC Energía anunció que recibió el primer pago por parte de la CFE por la entrega del energético correspondiente a mayo pasado, un gas que se va a utilizar, entre otros, para dos centrales eléctricas de ciclo combinado de la Comisión en Yucatán mediante una interconexión con el gasoducto Mayakan de ENGIE.
Recordará usted que en agosto de 2022, don Manuel, en su calidad de titular de la CFE, junto con la directiva de la empresa canadiense, la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle García, y otros representantes del gobierno federal, anunciaron en una pomposa ceremonia –justo en el Museo de Antropología e Historia— la alianza estratégica para desarrollar el ducto Puerta al Sureste, una ampliación del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan.
Bueno, las centrales Mérida IV y Riviera Maya – Valladolid ya están listas y en marzo concluyeron los trabajos de construcción de Puerta al Sureste, pero no hay para cuándo se defina la interconexión con Mayakan. Es decir, Eréndira Corral, titular de la CFEnergía, filial de CFE que ve estos asuntos, empezó a pagar por un gas que aún no utiliza y no utilizará de aquí a 2028, más o menos.
Cabe mencionar que CFE ha batallado con el abasto de combustible para el suministro eléctrico a la Península de Yucatán, un área de años castigada con apagones y un flujo de energía deficiente.
Las liquidaciones en Pemex
Pemex está aplicando la estrategia de pagos a sus proveedores, pero es ahora a los empleados a quienes les dan las gracias. Y es que en la petrolera del Estado a los despidos derivados del cambio de administración desde el año pasado ya se están sumando los que tienen que ver con la “reestructura” que vio su origen en la reforma energética constitucional y en leyes secundarias recientes, entre ellas, la nueva Ley de la Empresa Pública, Petróleos Mexicanos.
Además del clima de incertidumbre que todo este proceso genera entre los trabajadores de confianza, hay mucho malestar porque resulta que los mecanismos implementados por la Dirección de Administración y Servicios para el pago de liquidaciones y otras obligaciones de ley, está retrasando la entrega de cheques.
“Una vez que se cuente con el Título de Crédito el cual integra el pago por la terminación de servicio a la que tenga derecho en términos de los Artículos 84 y 85 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleo Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se le hará entrega en un lapso no mayor a 90 días ante la autoridad correspondiente”, les advierte un “documento” que se entrega a quienes quedan fuera de la empresa.
A ver, en términos prácticos. Por Título de Crédito entiéndase “cheque” y lo que dice Pemex de Víctor Rodríguez Padilla con este texto es que, posterior a que se cuente con el cheque, se le entregará al interesado en un plazo no mayor de 90 días. El problema es que no hay un periodo obligatorio ni fecha máxima para contar con el famoso cheque.
Así está el trato al personal –y las finanzas— de la empresa de todos los mexicanos.
¿Funcionará el coqueteo para proyectos mixtos?
Y ya que hablamos de hidrocarburos, le contamos que el sector público en materia energética, liderado por Luz Elena González Escobar, ya está sosteniendo reuniones con representantes de la industria petrolera privada, en la que se encuentran por supuesto algunas firmas extranjeras.
Conforme al Plan México y la nueva legislación, principalmente la nueva figura de proyectos mixtos entre el Estado, a través de Pemex, y los capitales privados, las conversaciones giran en torno a la manera en que podrán convivir ambos lados del espectro para repuntar la producción nacional que, hay que decirlo, es preocupantemente menor conforme pasan los meses.
Sin embargo, nos cuentan que aun con el discurso oficial actual, mucho más conciliador y menos hostil hacia las inversiones extranjeras, el ánimo por invertir en México ya no es el mismo, principalmente por la ya consolidada reforma al Poder Judicial que promovió justamente la presente administración.
Inversiones y proyectos energéticos se vieron frenados durante el sexenio pasado en un entorno de muy alta judicialización que frenó no solo el desarrollo del sector energético, sino de la economía y del bienestar de millones de mexicanos.
¿Qué garantías estará ofreciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Con qué argumentos logrará convencer a los capitales de que las cosas son y serán diferentes? El tiempo lo dirá.