La demanda invisible y su impacto en la continuidad del suministro eléctrico

Análisis sobre la corresponsabilidad del usuario en la continuidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional

Un diagnóstico incompleto

Cada vez que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) muestra signos de estrés —caídas de tensión, salidas de carga, retrasos en nuevas conexiones— la conversación pública se concentra, casi por reflejo, en un solo lado de la ecuación: la infraestructura. Se habla de subestaciones saturadas, de la necesidad de invertir en la Red Nacional de Transmisión (RNT) y en las Redes Generales de Distribución (RGD). Todo ello es cierto y urgente. Pero es, también, un diagnóstico incompleto.

La continuidad del servicio eléctrico no depende únicamente de cuánta infraestructura construye el Estado o la Comisión Federal de Electricidad. Depende, en una medida que solemos subestimar, de que la demanda real de los usuarios coincida con la demanda que esos usuarios tienen contratada y declarada. Cuando esa coincidencia se rompe —cuando la carga crece en silencio, sin actualizarse en el contrato— el sistema queda planeado para una realidad que ya no existe. A eso le llamo la demanda invisible, y constituye uno de los factores menos discutidos, pero más determinantes, de la presión que hoy enfrenta el SEN.

Este artículo busca socializar una idea sencilla pero incómoda: regularizar los contratos de suministro no es un trámite administrativo menor ni una carga burocrática. Es una pieza estructural de la confiabilidad del sistema, y es una responsabilidad que recae tanto en quien opera la red como en quien la usa.

La infraestructura crece con información, no con suposiciones

Para entender por qué el contrato importa tanto, debemos tener presente que la prestación del servicio se da en condiciones no indebidamente discriminatorias, cuando es técnicamente factible y en algunos casos, para obtener la factibilidad es necesario realizar obras de conexión o refuerzo (artículo 48 de la LSE). La infraestructura del SEN no se expande de manera espontánea: lo hace por dos vías reconocidas en la Ley del Sector Eléctrico (LSE). La primera son las aportaciones de los interesados, que financian las obras específicas, ampliaciones o modificaciones necesarias para su conexión cuando el costo no se recupera vía tarifa (artículos 49 y 50 de la LSE y 127 a 134 de su Reglamento). La segunda son los programas de ampliación y modernización de la RNT y las RGD, que la Secretaría autoriza dentro de la planeación vinculante a propuesta del CENACE y la Comisión Federal de Electricidad, con opinión de la CNE (artículos 13 y 47 de la LSE).

En ambos casos se requiere que la autoridad y el operador conozcan la demanda que deben atender. La planeación de mediano y largo plazo, los estudios de interconexión y conexión, el dimensionamiento de transformadores y alimentadores —todo ello se construye sobre los datos de demanda contratada y esperada en mediano plazo. Si esos datos están desactualizados porque miles de usuarios crecieron sin avisar, la red opera en condiciones diferentes a su planeación.— El resultado no es un problema abstracto: es una subestación que se satura antes de tiempo, un circuito que falla bajo una carga que nadie esperaba, una zona que ve degradada su calidad de servicio por consumos que jamás se establecieron mediante un contrato.

La obligación de informar no es nueva: lo dice la ley desde hace décadas

Conviene desmontar la idea de que esta corresponsabilidad es una invención reciente. No lo es. El artículo 44 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (RLSPEE) ya establecía, con notable claridad, el deber del usuario de manifestar su carga y demanda al contratar, precisamente —dice el texto— para que el suministrador pudiera dimensionar las instalaciones y prever el desarrollo de su infraestructura en función de los incrementos de la demanda.

Y no se quedaba ahí. El mismo artículo disponía que el suministrador respondía del servicio solo hasta el límite de la carga contratada, y obligaba al usuario a comunicar por escrito cualquier variación de su carga y demanda dentro de los quince días siguientes a que ocurriera. Más aún: tipificaba como causa de suspensión del suministro la omisión de notificar oportunamente esos incrementos cuando, a juicio del suministrador, pudieran originar trastornos al servicio, a la calidad o a la continuidad en la zona.

Léase con atención esa última frase, redactada hace más de una década: la ley ya vinculaba expresamente el crecimiento de demanda no declarado con la afectación a la continuidad. El legislador entendió, desde entonces, que un usuario que aumenta su carga en silencio no comete una falta menor: rompe la base sobre la cual se dimensionó la infraestructura de toda su zona, y lo hace de manera invisible para quien planea y opera la red.

El régimen vigente conserva esta lógica, ahora bajo el lenguaje de demanda contratada y demanda máxima. Cuando un usuario excede su demanda autorizada, el CENACE, la Transportista o la Distribuidora deben requerirle que realice el proceso de modificación de demanda y, en su caso, nuevos estudios. El artículo 56 de la LSE mantiene como causales de suspensión las conductas que impidan el funcionamiento adecuado de las redes. La continuidad histórica de estas disposiciones no es casualidad: responde a una verdad técnica que no cambia con las reformas.

El usuario doméstico: la electrificación silenciosa

El fenómeno más novedoso, y quizá el más difícil de gobernar, ocurre del lado residencial. El hogar mexicano se está electrificando a una velocidad que los contratos no reflejan.

Pensemos en un usuario doméstico típico. Hace diez años, su contrato de baja tensión correspondía a una vivienda con iluminación, refrigeración, televisión y algunos electrodomésticos. Hoy ese mismo hogar instala uno o más equipos mini-split de aire acondicionado; incorpora un cargador para su vehículo eléctrico que, por sí solo, puede equivaler a la carga de varias viviendas convencionales; suma electrodomésticos de mayor potencia y, en algunos casos, sistemas de generación distribuida (sin medidor bidireccional bajo el argumento de zero-export). Nada de esto pasa por una actualización contractual. El usuario simplemente conecta y usa.

Multiplíquese ese comportamiento por cientos de miles de hogares en una misma región y el efecto agregado es enorme: transformadores de distribución diseñados para un perfil de carga que ha sido rebasado, alimentadores que operan al límite en las horas pico de verano —cuando los mini-split y los cargadores coinciden—, y una Distribuidora que no tiene cómo anticipar ese crecimiento porque no aparece en ningún registro. Es la suma de muchas decisiones individuales, cada una razonable y legítima, que en conjunto erosionan la confiabilidad de la red sin que nadie lo haya planeado.

El punto no es desincentivar la electrificación: es deseable y forma parte de la transición energética. El punto es que esa electrificación debe hacerse visible y de forma ordenada para que la red pueda crecer a su ritmo.

La industria y la demanda que no se regulariza

Del lado industrial y de gran consumo, el problema adopta una forma distinta y, en cierto sentido, más deliberada. Aquí el incremento de demanda no es involuntario: es una decisión de negocio que, con frecuencia, se administra para no detonar la obligación de regularizar el contrato.

El mecanismo es conocido por cualquiera que opere instalaciones de media o alta tensión. La actualización de la demanda contratada se requiere cuando la demanda máxima medida rebasa la contratada de manera sostenida durante 3 periodos consecutivos. Algunos usuarios industriales han aprendido a moverse justo por debajo de ese umbral: incrementan su demanda real, pero la gestionan de modo que no se exceda durante tres meses consecutivos, evitando así que se les obligue a actualizar el contrato. El resultado es un usuario que consume sistemáticamente por encima de lo que tiene contratado, que aprovecha capacidad de red que no ha pagado mediante aportaciones, y que traslada el costo de esa holgura al resto del sistema.

Esta práctica merece nombrarse con franqueza porque desvirtúa el equilibrio que la regulación buscó construir. Las aportaciones existen, desde la LSPEE, para que quien provoca la necesidad de obra específica internalice su costo y no lo cargue al conjunto de los usuarios vía tarifa. Cuando un gran consumidor crece sin regularizar, esa lógica se invierte: el beneficio es privado y el costo —la infraestructura que tarde o temprano habrá que reforzar— se socializa. No es un problema de incumplimiento aislado; es un incentivo mal calibrado que la supervisión debe corregir.

Por qué regularizar conviene a todos

Frente a este diagnóstico, la regularización de los contratos de suministro deja de verse como una imposición y se revela como un interés común.

Para el sistema, los contratos al día son la materia prima de una planeación honesta. Permiten que los programas de ampliación y modernización de la RNT y las RGD se diseñen sobre demanda real, que los estudios de interconexión y conexión arrojen resultados confiables, y que las inversiones se dirijan donde de verdad hacen falta. Sin esa información, planear es adivinar.

Para el usuario, regularizar también protege. El usuario con contrato actualizado tiene certeza jurídica sobre el servicio que puede exigir, evita la causal de suspensión por demanda no declarada, y —no menor— opera bajo condiciones de calidad y continuidad que su propia carga no declarada habría comprometido. El usuario que crece en silencio no solo afecta a sus vecinos: se expone a fallas en sus propias instalaciones cuando la infraestructura local cede ante una carga que excede su diseño.

Y para el principio de equidad que sostiene todo el andamiaje tarifario, la regularización asegura que quien provoca el costo lo asuma. Las tarifas eléctricas reconocen los costos de operación, mantenimiento, modernización, inversión y expansión del SEN bajo el criterio de prácticas prudentes (artículo 118 del Reglamento de la LSE). Que ese reconocimiento sea justo depende de que la demanda esté correctamente atribuida.

El otro lado de la moneda: un trámite que no ahuyente al usuario

Exigir al usuario que regularice presupone algo que no siempre se cumple: que el camino para hacerlo sea claro, predecible y razonablemente ágil. Y aquí la corresponsabilidad cambia de dirección. Buena parte de la demanda que hoy permanece invisible no se oculta por mala fe, sino porque el trámite de regularización —la solicitud de factibilidad, los estudios de interconexión o conexión, el cálculo de la aportación y la ejecución de las obras— suele percibirse como lento, discrecional y de costo incierto. Cuando el proceso para “hacer las cosas bien” es más oneroso que la omisión, el propio sistema está fabricando el incentivo a no declarar.

El punto más sensible es la aportación. La ley ordena que el usuario cubra la solución técnica más económica, pero rara vez el solicitante tiene visibilidad sobre cómo se llega a esa cifra: qué obras se consideran atribuibles a su conexión y cuáles obedecen a holguras que beneficiarán a terceros, qué costos unitarios se aplican, o por qué el plazo de ejecución es el que es. Esa opacidad no solo genera desconfianza; abre espacio a la discrecionalidad y debilita la legitimidad de todo el mecanismo. Difícilmente puede pedirse transparencia en la demanda del usuario si no existe transparencia equivalente en lo que el sistema le cobra por conectarse.

Aquí el marco jurídico reciente ofrece un punto de apoyo que conviene aprovechar. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, publicada en julio de 2025 y reglamentaria del artículo 25 constitucional, abandonó el modelo de la mejora regulatoria anterior y estableció un mandato nacional de simplificación y digitalización exigible a los tres órdenes de gobierno y a sus entidades. Tres de sus principios resultan especialmente pertinentes para el sector eléctrico: que la mayor carga del trámite recaiga en la autoridad y no en el ciudadano —el Estado no debe pedir documentos que él mismo ya posee—; que la digitalización venga precedida de una verdadera simplificación, y no de la mera traducción de un trámite engorroso a una pantalla; y que la atención se concentre en instrumentos únicos, como el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios y la identidad digital Llave MX.

Trasladar esa lógica al trámite de conexión y a las aportaciones es la oportunidad concreta. Significa transparentar y simplificar las aportaciones con metodologías de cálculo públicas y homologadas, desglose verificable de las obras y sus costos, plazos ciertos y vinculantes para la emisión de factibilidades y estudios, trazabilidad de cada solicitud y una ventanilla única digital que sustituya el peregrinar entre áreas y ventanillas. El propio sector ya ofrece antecedentes en esa dirección —la Ventanilla Energía de la Secretaría de Energía y, como módulo de esta, la Ventanilla Única de Autoconsumo—, esquemas de atención prioritaria, expedita y simultánea surgidos al amparo de las reformas constitucionales de finales de 2024, que demuestran que esta ruta no es solo deseable, sino viable y ad hoc al nuevo diseño institucional. Las autoridades y entidades del sector —la Comisión Nacional de Energía, el CENACE y la Comisión Federal de Electricidad—, en su carácter de entes públicos federales, quedan comprendidas en ese mandato, y el procedimiento de factibilidad, por su alto volumen y su impacto económico, es precisamente el tipo de gestión que la ley ordena priorizar. Un procedimiento expedito, transparente y predecible no es una concesión al usuario: es la condición que vuelve creíble la exigencia de declarar y, por tanto, el complemento indispensable para que la regularización ocurra en la práctica y no solo en el papel.

Una agenda de corresponsabilidad

Socializar este mensaje exige acciones concretas en varios frentes.

Del lado del operador y de la Comisión Federal de Electricidad, urge fortalecer la detección de discrepancias entre demanda medida y demanda contratada, y aplicar de manera consistente —no discrecional— los procesos de modificación de demanda que la propia normatividad prevé. La tolerancia de facto a la demanda no regularizada envía la señal equivocada.

Del lado regulatorio, conviene revisar los umbrales que permiten que un crecimiento real escape a la obligación de actualizar el contrato. Si el diseño actual premia al que se mantiene “justo por debajo” del disparador, el diseño debe ajustarse para que la regularización siga al consumo real y no al calendario con que se administra.

Del lado del usuario —doméstico e industrial— hace falta una pedagogía clara: instalar un cargador de vehículo eléctrico, sumar equipos de climatización o ampliar una línea de producción son decisiones que tienen una contraparte contractual, y atenderla no es un castigo, sino la condición para que la electricidad siga llegando con la calidad que se espera.

Conclusión

El relato según el cual la crisis de continuidad es exclusivamente un problema de infraestructura insuficiente es cómodo, porque exime a la mayoría de responsabilidad. Pero es falso por incompleto. La infraestructura crece con base en la información que el sistema tiene sobre la demanda, y esa información se construye, contrato a contrato, con la honestidad de cada usuario al declarar lo que realmente consume.

“El relato según el cual la crisis de continuidad es exclusivamente un problema de infraestructura insuficiente es cómodo, porque exime a la mayoría de responsabilidad. Pero es falso por incompleto”.

La ley lo entendió desde hace décadas, cuando hizo del aviso de incremento de carga una obligación cuya omisión podía afectar la continuidad de toda una zona. La tecnología no ha hecho sino volver ese mandato más urgente: nunca antes la demanda residencial e industrial había crecido tan rápido ni de forma tan silenciosa. Regularizar los contratos de suministro es, en el fondo, hacer visible esa demanda invisible. Y solo lo que se ve puede planearse, financiarse y, finalmente, sostenerse.

Las opiniones expresadas en este artículo son de carácter analítico y no constituyen asesoría legal sobre casos particulares.

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