La libertad de pago en gasolineras no se liquida por decreto: Onexpo

​La ambición del Gobierno Federal por digitalizar los flujos del efectivo en la economía mexicana topó de frente con la realidad operativa del mercado minorista de combustibles.

Tras la presentación de la iniciativa de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo Nacional) fijó una postura clara: la bancarización del sector no puede construirse a costa de la continuidad del suministro ni de la libertad de elección del usuario.

​El proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso el pasado 8 de septiembre no menciona de forma implícita a las estaciones de servicio, pero abre un boquete regulatorio de alta incertidumbre. La norma pretende otorgar facultades extraordinarias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para catalogar “sectores estratégicos y actividades relevantes” donde el pago digital sea la única vía de cobro permitida.

​Para el organismo que agrupa a más del 95 por ciento de los empresarios gasolineros del país, el problema no reside en la herramienta, sino en el mecanismo punitivo.

“En otras palabras: la ley crearía la facultad; qué sectores, con qué criterios, en qué plazos y bajo qué sanciones quedaría para regulación posterior de la SHCP”, advirtió la cúpula empresarial.

​El dilema operativo: un insumo crítico sin margen de falla

​La intención oficial no tomó por sorpresa al sector. En marzo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó la estrategia para erradicar el uso de efectivo en casetas de peaje y gasolinerías, un plan respaldado semanas después por un convenio con la Asociación de Bancos de México (ABM) enfocado en la reducción temporal de las comisiones bancarias a las estaciones.

​Sin embargo, el gremio que encabeza Enrique Félix sostiene que la bancarización obligatoria ignora la naturaleza del combustible como un bien de primera necesidad para la movilidad y la productividad económica del país.

​El punto ciego de la iniciativa radica en el esquema de excepciones por “contingencia”, una figura contemplada en el borrador pero cuya definición operativa aún no existe en el papel. Una caída en los sistemas bancarios, la interrupción del servicio de internet en zonas rurales o fallas energéticas en las terminales punto de venta podrían paralizar el despacho de gasolina si el efectivo queda proscrito por mandato legal.

​“La posición central del sector puede resumirse en una idea: la decisión sobre el medio de pago corresponde al consumidor, no a la estación”, enfatizó la Onexpo.

​Transición por conveniencia, no por sanción

​Si bien la Onexpo reiteró su respaldo a la modernización financiera —al reconocer sus beneficios en materia de trazabilidad, seguridad e inclusión—, remarcó que la adopción de medios digitales debe ser gradual y guiada por incentivos al usuario, no por una presión fiscal sobre los permisionarios.

​El gremio gasolinero dejó en claro que la regulación no puede trasladar al contribuyente (la estación de servicio) el riesgo operativo ni las sanciones administrativas derivados de una decisión de pago que escapa por completo al control de la estación.

​“Ningún automovilista debería quedar imposibilitado de abastecerse por una falla tecnológica ajena a él o a la estación”, sentenció el organismo, abriendo la puerta a que el Legislativo matice el alcance de la ley antes de su eventual dictaminación en comisiones.