Transporte y Logística
Tecnología e Innovación
Sustentabilidad
Responsabilidad Social
Crisis Climática
Pobreza Energética
Revista
Infografías
La calificadora internacional Standard & Poor’s mantuvo sin cambios la nota soberana del país en “BBB”, por lo que el país mantiene el grado de inversión, aunque la agencia puso la nota en perspectiva negativa.
De acuerdo con la empresa, las principales amenazas para la calificación del país son Pemex, CFE y el entorno de inversión negativo para el sector energético, que puede presionar las finanzas públicas del país y ahuyentar a los inversionistas internacionales.
“La perspectiva negativa indica la posibilidad de una baja de calificación durante el próximo año, debido a un perfil fiscal potencialmente más débil, dadas las presiones de los pasivos contingentes relacionados con la magnitud del potencial apoyo extraordinario a las empresas propiedad del gobierno, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el contexto de una base tributaria no petrolera comparativamente baja y menos espacio fiscal”, advierte una de las tres calificadoras internacionales más grandes del mundo.
La agencia reconoció una gestión macroeconómica cautelosa del gobierno mexicano y un mejor diálogo con sus principales socios comerciales, especialmente en el tema del fortalecimiento de la cadena de suministro, lo que debería respaldar la inversión y la confianza de las inversiones en México.
“Sin embargo, la reversión de algunas políticas o la renegociación potencialmente áspera de algunos contratos, particularmente en el sector energético, o un debilitamiento de instituciones clave, como el de Banxico, podrían disminuir la confianza de los inversionistas. El revés resultante podría complicar la ejecución de la política, pesar sobre la estabilidad de la política y llevarnos a bajar las calificaciones”, señaló la calificadora.
La calificadora advierte que los cambios en las políticas internas, especialmente en el sector energético, en los últimos años, han dañado la confianza empresarial y han suscitado inquietud sobre la previsibilidad de las políticas.
Esto, añade, probablemente haya limitado un mayor crecimiento de la economía.
Además, la calificadora añade que el debate sobre la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se discutirá hasta el segundo trimestre del año entrante.
La propuesta, señala la agencia, busca reconfigurar el sector de la energía eléctrica y fortalecer la presencia de la CFE a expensas de la participación privada.
“Además, existen diferentes interpretaciones de aspectos clave de la legislación desde la perspectiva del gobierno y de los inversionistas privados, particularmente en los contratos existentes. La aprobación de la legislación sobre la electricidad tal como se formuló inicialmente puede, en nuestra opinión, dañar el entorno empresarial y perjudicar la calidad crediticia”, advirtió.
Standard & Poor’s advierte que los apoyos directos a Pemex, que ya fueron anunciados por el gobierno federal, además de los respaldos que pueda requerir la CFE, pueden debilitar el perfil financiero del soberano con el tiempo, sin suficientes ajustes de política de compensación.
Para la agencia, la clave para fortalecer el crecimiento es una inversión privada más robusta, pues algunas de las iniciativas de política del gobierno pesan sobre la confianza del sector privado y han generado tensiones con las empresas.
“En nuestra opinión, esto es resultado del escepticismo del sector privado sobre la estrategia de crecimiento de la administración, que incluye un mayor rol para Pemex y la CFE en los sectores de energía y electricidad”.
Standard & Poor’s Global Ratings
RUMBO A SEGUIR
En sentido contrario, añade S&P, una gestión económica eficaz que permita mejorar la confianza de los inversionistas y fomente la inversión privada es el camino a seguir para mitigar la debilidad estructural de las expectativas del crecimiento económico y mejoraría las finanzas públicas.
El gobierno, añade la institución, debe generar iniciativas que permitan limitar la presión que representan las empresas propiedad del gobierno en el sector energético, para prevenir una “erosión” de las finanzas públicas.
“Podríamos revisar la perspectiva a estable durante el próximo año en tal escenario”, matiza la calificadora.
