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El Partido Acción Nacional (PAN) presentó dos iniciativas de reforma para incrementar el blindaje para el nombramiento de los integrantes del Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como para los mecanismos de resolución de juicios en materia energética.
Por una parte, el diputado Gerardo Peña envió una iniciativa para modificar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde establece más requisitos para garantizar la imparcialidad de los integrantes del Órgano de Gobierno de la CRE.
En su propuesta, el legislador pide integrar como requisitos para las ternas de los candidatos a comisionados, exigir que los aspirantes no se hayan desempeñado en cargos de dirección o su equivalente en empresas sujetas a procedimientos sancionatorios, en los términos que señalen las leyes.
“Ciertamente, la competencia tiende a incomodar a quienes prefieren la comodidad de un mercado a modo, como claramente el gobierno federal ha venido asediando a los reguladores económicos que han aplicado la legislación vigente y obstruido las arbitrariedades que se han venido intentando”, advierte el legislador en su exposición de motivos.
Entre las arbitrariedades, señaló la omisión por parte del Ejecutivo Federal para enviar al Senado propuestas para cubrir las vacantes de comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica; iniciativas para debilitar institucionalmente a los reguladores, por parte de los legisladores del bloque morenista, así como iniciativas que intentan impedir el derecho al juicio de amparo por los agentes económicos y las intenciones de debilitar presupuestalmente a los reguladores.
En una iniciativa independiente, el legislador panista Oscar de Jesús Almaraz Smer propuso modificar los artículos 25 y 94 constitucionales, con el objetivo de garantizar el acceso a juicios justos en materia energética.
“La política energética del gobierno federal no ha guardado mucha sincronía con los capitales, la eficiencia y la sustentabilidad ecológica, pues se ha inclinado desbordadamente a tintes ideológicos, afectando así los derechos fundamentales de particulares y comprometiendo el patrimonio medioambiental de los mexicanos”, advierte en su exposición de motivos.
Por ello, el diputado del blanquiazul propuso una modificación al artículo 25, en la que sugiere que “los juicios de en materia energética serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en dicha materia en términos del artículo 94 de esta Constitución”.
Asimismo, solicita al Consejo de la Judicatura Federal integrar tribunales especializados en materia de energía.
“El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones, energía y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito”, señala la propuesta.
Cambio en transición energética
Una tercera propuesta proviene de la diputada Karen Castrejón, del Partido Verde Ecologista de México, que presentó una iniciativa para modificar el artículo 27 de la Constitución para establecer que la responsabilidad de la Transición Energética sea responsabilidad del gobierno federal.
“El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo”, señala la modificación.
