Tiene CRE en limbo administrativo a generadores privados

Ulises Juárez / Energía a Debate

Por una cuestión meramente administrativa y falta de comunicación efectiva con sus regulados, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) mantiene detenidos los proyectos privados de generación eléctrica.

El problema persiste en el organismo regulador que conserva en el limbo administrativo a alrededor de 80 proyectos, dado que no emite los permisos correspondientes para que los generadores privados, especialmente de energías renovables y algunos a gas natural, puedan completar los requerimientos que les marca la ley y empezar sus operaciones comerciales.

Un número importante de estas centrales eléctricas que están paradas o detenidas en distintas etapas de desarrollo son producto de las tres subastas de energía de largo plazo, derivadas de la Reforma Energética, y que garantizarían a la CFE energía a precios competitivos.

Fuentes cercanas a la industria revelaron que a pesar de que los empresarios han cumplido en tiempo y forma con los requisitos administrativos y técnicos, la Comisión a cargo de Leopoldo Melchi García mantiene atorados los permisos, entre otros, para realizar las pruebas pre-operativas, los arranques operativos comerciales o las modificaciones a los permisos de generación, estas últimas derivadas de la declaratoria de “fuerza mayor” por la contingencia del COVID-19.

Pero no solo eso, sino que la CRE tampoco ha notificado de manera formal cuándo emitirá los permisos correspondientes, a pesar de que los regulados han sostenido diversas reuniones virtuales con los comisionados del organismo, en las cuales se les han revisado sus documentos, la justificación de la modificación de las fechas y otros aspectos regulatorios y jurídicos.

Una de las fuentes aseguró, por ejemplo, que existe una central eólica al norte del país que ya está terminada y lista para comenzar a operar. Sin embargo, no puede firmar el contrato con el suministrador debido a que no cuenta con la aprobación por parte de la CRE para la modificación de la fecha de entrada en operación, prevista para un par de meses atrás.

“Aun cuando hemos tenido diferentes discusiones y pláticas sobre qué criterios son los que tiene que adoptar, tanto el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) como el transportista, no hemos coincidido en un arreglo. Por eso es que hemos llegado prácticamente al último paso en el cual necesitamos esta modificación en la fecha de entrada de operación en el permiso de generación directamente con la CRE”, comentó para Energía a Debate pidiendo el anonimato.

“Realmente en este momento no hemos tenido una señal clara de cuándo pudiéramos tener esta modificación del permiso”, agregó con preocupación.

Entre los riesgos que prevén, se encuentra el hecho de que sus proyectos quedarían fuera del despacho por no haber cumplido con la fecha de inicio de la operación comercial, estipulada en el contrato de compra-venta de energía, así como con los compromisos establecidos en el contrato de interconexión.

Zona gris

En algunos de los casos, inclusive existen problemas de interpretación de algunos aspectos administrativos entre el Cenace y la empresa subsidiaria CFE Suministro de Servicios Básicos, además por supuesto de la propia CRE.

Estas “zonas grises” constituyen, por ejemplo, la forma en que cada organismo interpreta la vigencia de los permisos de generación. “Pese a que hemos tenido muchas pláticas tanto con el Cenace como con CFE Transmisión, también es un problema de interpretación”, dijo una fuente.

“Ahí es donde no nos hemos podido poner de acuerdo con ellos porque no está clara cuál es la interpretación respecto a la vigencia, por ejemplo, de los permisos de generación”, agregó, además de que varios consultados coincidieron en que la CRE es la que representa un “cuello de botella” para la liberación de los permisos.

En este mismo sentido refirió que CFE Transmisión remitió a la CRE una consulta en torno al tema de la vigencia de los permisos, pero el regulador tampoco ha respondido.

¿Privados fuera, o se respetan los contratos?

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente que durante su administraión se respetarán los contratos otorgados a las empresas privadas del sector energético, igual en hidrocarburos como en electricidad, también solicitó a principios de agosto pasado mediante memorándum a los órganos reguladores del sector pensar en cómo conceder mayor preponderancia a las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado energético nacional.

En el punto 14 del documento del Presidente se lee: “Detener el otorgamiento de permisos o concesiones a particulares en el sector energético por sobreoferta de petróleo y electricidad para el mediano y largo plazos”, pero lo cierto es que la CRE cesó esta función desde 2019, cuando quedó por varios meses sin quórum suficiente para sesionar al haber renunciado la mayoría de los comisionados que venían desempeñándose desde la administración anterior.

Otro intento del gobierno mexicano por detener las inversiones privadas en el sector, especialmente de las energías renovables, fueron el Acuerdo de Confiabilidad del sistema eléctrico nacional, emitido por el Cenace, y la Política de Confiabilidad en el mismo sentido, publicada por la Secretaría de Energía (Sener), ambos con la intención de sacar del despacho eléctrico la electricidad generada por estas centrales bajo el argumento de que ponen en riesgo al sistema por su intermitencia y, además, por la contingencia del coronavirus.

Durante este año, ambos documentos han sido impugnados en tribunales por las empresas, organizaciones de la sociedad civil y barras de abogados, obteniendo amparos, suspensiones temporales y definitivas.

Para Víctor Ramírez, especialista en temas eléctricos y vocero de la Plataforma México, Clima y Energía (PMCE), estos intentos por frenar las inversiones privadas en el sector al final terminarán por dañar a la CFE, paradójicamente en proceso de rescate por parte del gobierno mexicano.

“Si no dejas entrar a los generadores de las subastas, por ejemplo, a quien estás afectando es a CFE porque lo que estás haciendo es comprar energía más cara que la de las subastas”, señaló.

La consecuencia, previó, es que ese sobrecosto será absorbido por la propia empresa en la forma de subsidios o en pérdidas.

Cambios en las reglas del juego y tribunales

Los empresarios reconocen que existe una clara intención por parte de la actual administración de sacar a los particulares del sector eléctrico, quizá más allá del 54-46 que ha pedido el jefe del Ejecutivo, esto es, 54% de la participación en manos del Estado y hasta 46% del lado de la iniciativa privada.

Por ello también piden un marco legal claro y que respete a las inversiones que ya se han realizado. “Hasta hace algunos meses era claro, pero [ahora] no se está respetando y nos mandan este tipo de señales, y nos ponen barreras cada vez más grandes e injustificadas a nivel legal, pues es obvio que nuestras inversiones están en tela de juicio”, expresó la fuente consultada.

“Lo que nosotros estamos haciendo es defender lo que tenemos con el marco jurídico; las inversiones que ya tenemos comprometidas, los contratos que ya tenemos firmados y operar en el marco bajo el cual firmamos esos contratos, con los cuales estamos comprometidos para hacerlo”, agregó.

En esta línea, descartó que de seguir la situación como hasta ahora, las casas matrices de las empresas extranjeras que operan en el país difícilmente seguirán considerando a México como un destino para sus inversiones, por lo que las dirigirán a otros países aun cuando no ofrezcan un crecimiento como el de nuestro país.

“Ninguna empresa puede definir ningún esquema de nuevas inversiones cuando no se tiene claro cuáles son las reglas del juego o, si se tienen las reglas del juego, no se respetan”, añadió.

Para Víctor Ramírez, el tema es ideológico más que político o técnico. “Para mí es ideológico. Político sería ser más pragmático, promover más el empleo, o bajo un mercado muy bien regulado y muy bien vigilado que vayan bajando los costos de la energía. Pero, no, en realidad lo que están haciendo es ideológico: que el Estado se encargue de todo, que el gobierno sea el que haga todo, por lo menos en el sector energético”, expuso.

Por último, respecto al recurso de acudir a tribunales, los generadores privados no descartan esta posibilidad, a pesar de que reconocen que será gastar valioso tiempo. “Lo que más nos preocupa es el tiempo porque, pese a que sabemos que podemos tener muchas posibilidades de que los juzgados nos den la razón, esto se puede llevar cierto tiempo y las inversiones están detenidas”, comentó.

Al respecto, Ramírez advirtió que a los servidores públicos relacionados con estos temas y que no dan respuesta o solución, podrían fincárseles responsabilidad. “Si no lo hace, simplemente está incumpliendo con lo que la Ley le ordena, con la responsabilidad que tiene como servidor público”, apuntó.

“Es una lástima que los participantes privados que han cumplido con absolutamente todo lo que la ley les exige, se tengan que desgastarse en pleitos por la ley. Tienen que defenderse en contra de violaciones por el propio Estado mexicano”, concluyó el especialista.