Seguridad energética vs soberanía

La invasión a Ucrania, la volatilidad del mercado, la lucha contra la inflación, la posible desaceleración económica mundial este año y las interrupciones en las cadenas de suministro han puesto en la agenda internacional a la seguridad energética, al mismo nivel que la transición energética y la sostenibilidad, como una de las principales preocupaciones de gobiernos y agentes económicos en el mundo.

Por eso, hoy, frente a la reciente celebración de la Expropiación Petrolera y el discurso de soberanía y seguridad energéticas, parece relevante conocer las implicaciones y diferencias entre ambas.

La Agencia Internacional de Energía y la OCDE definen la seguridad energética como “la disponibilidad ininterrumpida de las fuentes de energía a un precio asequible”; es decir, que las naciones puedan cubrir las necesidades energéticas de sus ciudadanos en todo momento y a precios que la población pueda pagar.

Otro punto relevante en las definiciones de organismos internaciones como el G20, la OPEC y la Unión Europea es la necesidad de cooperación y diálogo entre Naciones, a fin de contar con medidas de respuesta a emergencias.

En otras palabras, frente a riesgos como el cambio climático y los conflictos geopolíticos, entre otros, estos organismos buscan evitar situaciones como la que enfrentó el estado de Texas en el 2021 con la tormenta invernal Uri que dejó a millones de personas sin electricidad durante varios días y que resultó en la pérdida de 210 vidas y un impacto financiero por cerca de 130 mil millones de dólares.

Esta crisis fue resultado de la política energética de Texas que decidió aislar su red eléctrica de las redes nacionales a fin de evitar la supervisión federal y desregular su sector energético, lo que impidió el apoyo de otros estados para importar electricidad y mitigar su crisis.

Esto sucede cuando los estados o las Naciones deciden poner todos los huevos en una sola canasta en lugar de repartir el riesgo acomodándolos en diversas canastas, como una matriz energética diversa y comercio internacional. Porque lo irónico es que Texas es el estado más productor en materia de electricidad, petróleo y gas natural de todo EE. UU., pero su política autárquica le impide exportar cuando tiene exceso de energía e importar en tiempos de crisis.

En el caso de México, esta autarquía es lo que la 4T profiere como “soberanía energética”, lo que presupone poner los huevos en dos empresas con deudas multimillonarias, infraestructura vieja y fuertes problemas operativos.

A nivel internacional, el concepto de soberanía energética no ha sido definido por ningún organismo. El término se ha usado en la retórica discursiva de gobiernos populistas, así como en un par de documentos: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Declaración de la Cumbre de los Pueblos en la Rio+20 en 2012, pero ésta última con un concepto muy diferente al de México.

Mientras la Declaración insta a los gobiernos a promover las fuentes de energía renovable y sostenible, fomentar la eficiencia energética y el desarrollo de tecnologías sostenibles, el gobierno de México la asienta bajo una ideología de la década de los 70 que radica en la producción petrolera y autosuficiencia en gasolinas, sin entender los retos futuros como el incremento en la demanda eléctrica y la dependencia de más del 80% de gas natural norteamericano, los compromisos internacionales y corporativos de las empresas de uso de energías exclusivamente renovables, el incremento de la producción de autos eléctricos y un Sistema de Refinación Nacional que entre más produce más pierde.

Lo razonable debería ser encontrar el equilibrio entre la producción o generación interna y el nivel de importaciones y que la energía sea confiable, asequible, sostenibilidad y accesible para todos los mexicanos, no su origen.

(Este artículo se publicó este mismo en día en el periódico Reforma)

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