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La seguridad energética no depende únicamente de contar con infraestructura suficiente o garantizar el suministro de combustibles. También requiere instituciones coordinadas, reglas claras, procesos eficientes y condiciones que permitan a los participantes del mercado operar e invertir con certeza.
Bajo esta visión, Tamaulipas ha dado un paso relevante al convertirse en la primera entidad federativa en formalizar su respaldo a la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de los Combustibles, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante la firma del Acuerdo de Coordinación y Colaboración para el Fortalecimiento de la Seguridad Energética, la Simplificación Administrativa y la Estabilidad del Mercado de Petrolíferos.
El gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER), encabezada por Walter Julián Ángel Jiménez, y con la participación de la Agencia de Innovación e Inteligencia Digital, ha impulsado un mecanismo de coordinación que reúne a autoridades estatales, municipales y representantes del sector gasolinero.
La relevancia del Acuerdo radica en que reconoce algo que durante años ha sido una de las principales preocupaciones del sector: la estabilidad del mercado y la seguridad energética también dependen de la calidad regulatoria.
El instrumento se construye sobre tres ejes fundamentales: fortalecer la seguridad en el abasto de combustibles; simplificar y homologar procesos administrativos, particularmente mediante mecanismos de ventanilla y coordinación institucional; e incorporar herramientas digitales que permitan mejorar la trazabilidad, el monitoreo y la toma de decisiones para favorecer la estabilidad del mercado.
Uno de sus principales aciertos es establecer una visión de continuidad a través de la Mesa Permanente de Enlace y Simplificación Energética, coordinada por la SEDENER, que tendrá entre sus responsabilidades el monitoreo del mercado, la identificación de barreras administrativas y la homologación de criterios entre las distintas autoridades involucradas.
El componente jurídico también merece especial atención. La adhesión voluntaria de los municipios, en el marco de las atribuciones previstas por el artículo 115 constitucional, permite construir un esquema de coordinación sin invadir competencias municipales en materias como licencias o protección civil, ni modificar sus facultades fiscales. Se trata, en otras palabras, de buscar eficiencia mediante coordinación, no de concentrar atribuciones.
La implementación contempla mesas de trabajo para mapear procesos, identificar duplicidades y detectar barreras regulatorias que hoy generan costos, tiempos y cargas administrativas innecesarias. El horizonte de trabajo, con vigencia estructurada hacia 2027 para los municipios y 2028 para el estado, permite además pensar en una política pública con continuidad y no únicamente en una medida de corto plazo.
El contexto explica la importancia de este esfuerzo. Una estación de servicio puede enfrentar más de 200 trámites y obligaciones a lo largo de su ciclo de vida, desde la preparación del sitio, diseño y construcción, hasta la operación, mantenimiento, desmantelamiento, cierre y abandono.
Esta complejidad regulatoria no es menor. Se traduce en costos directos e indirectos para las empresas, en la necesidad de mantener estructuras administrativas especializadas y, en muchos casos, en procesos que se duplican entre distintos órdenes de gobierno.
En un mercado donde las estaciones de servicio enfrentan actualmente una creciente presión económica particularmente por los precios topados de la gasolina regular y el diésel y por márgenes cada vez más estrecho, la simplificación administrativa deja de ser un tema secundario. Se convierte en una condición necesaria para preservar la viabilidad y competitividad de muchos negocios.
De acuerdo con estimaciones del sector, los costos asociados al cumplimiento regulatorio pueden representar alrededor de 40 centavos por litro, equivalentes a una proporción significativa de la utilidad bruta de una estación de servicio. Por ello, eliminar trámites redundantes, homologar requisitos y evitar duplicidades no significa reducir estándares de seguridad o protección ambiental. Significa hacer más eficiente el cumplimiento.
La adhesión de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, Valle Hermoso y Ciudad Victoria, junto con la participación de Onexpo Nacional, Onexpo Tamaulipas y diversos grupos gasolineros de la región, refleja un ejercicio de gobernanza multinivel que merece ser observado con atención.
El valor de este modelo está precisamente en su capacidad para reunir a quienes regulan con quienes operan. Durante muchos años, el sector energético ha enfrentado una fragmentación institucional que obliga a las empresas a navegar entre autoridades, criterios y procedimientos que no siempre se encuentran coordinados entre sí.
Tamaulipas plantea una alternativa: más coordinación, mayor digitalización y menos duplicidad administrativa.
“Tamaulipas plantea una alternativa: más coordinación, mayor digitalización y menos duplicidad administrativa”.
Si este modelo logra traducirse en una reducción efectiva de tiempos, costos y cargas regulatorias, sin comprometer los estándares de seguridad, protección ambiental y protección civil, podría convertirse en un referente para otras entidades federativas.
La lección es clara: simplificar no significa desregular. Significa regular mejor.
En un sector estratégico para la economía nacional, la seguridad energética también se construye con certeza jurídica, reglas previsibles y autoridades capaces de coordinarse. Tamaulipas ha decidido avanzar en esa dirección y, con ello, abre una conversación que debería extenderse al resto del país: cómo construir un marco regulatorio más eficiente sin sacrificar la seguridad, pero sí eliminando aquello que hoy duplica esfuerzos, encarece la operación y resta competitividad a la cadena de valor de los petrolíferos.
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