El foco de la iniciativa de la Reforma Eléctrica tiene que ser el beneficio del ciudadano, donde el Estado y el sector privado tienen que garantizar el acceso a energía barata, suficiente y limpia, coincidieron seis expertos del sector eléctrico mexicano, aunque con visiones diametralmente opuestas.
En la mesa El Sistema Eléctrico creado por la reforma de 2013, Rosanety Barrios, especialista independiente del sector eléctrico, y fundadora de Voz Experta, consideró que los diferentes modelos energéticos del país han ocurrido en momentos diferentes de la historia, que responden a necesidades diferentes, por lo que regresar a un modelo de hace 60 años, no podría resolver los retos que enfrenta el sistema eléctrico mexicano en la actualidad.
La especialista destacó que si bien la Comisión Federal de Electricidad cuenta con energías renovables, 63 por ciento de la energía que genera provienen de fuentes fósiles, es decir, carbón, combustóleo y gas natural, que además, resulta más cara que la generada por fuentes limpias, sin importar su lugar de procedencia.
Además, declaró que para que la CFE pueda satisfacer la demanda energética de los próximos 15 años, la empresa liderada por Manuel Bartlett tendría que invertir 85 mil millones de dólares en ese periodo, lo que equivale a 1.7 billones de pesos, para desarrollar plantas de generación, así como infraestructura de transmisión y distribución de energía.
Este año, la Comisión Federal de Electricidad tiene un presupuesto de casi 450 mil millones de pesos, que se reparten en tareas como la operación de las plantas que ya existen, transmisión, distribución y subsidios a la tarifa eléctrica y no incluyen la construcción de nuevas plantas de generación ni el desarrollo de infraestructura nueva.
La inversión necesaria para los próximos 15 años, representa 3.7 veces el presupuesto autorizado para este año, o 10 veces el costo original de la refinería de Dos Bocas, establecido en ocho mil millones de dólares.
Héctor Cuapio Ortiz, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), dijo que la Comisión Federal de Electricidad tiene el potencial de duplicar su generación de energía a través de la geotermia.
Esto se lograría en un proyecto conjunto con Pemex, especialmente en los pozos donde no produjeron petróleo, pero donde sí encontraron agua a altas temperaturas. Para que se pueda generar electricidad con geotermia, es necesario que el agua esté a una temperatura igual o mayor a 90 grados Centígrados, dice el representante sindical.
Añadió que otros proyectos que se pueden desarrollar son los maremotrices, utilizando las plataformas petroleras que tiene Pemex en aguas someras.
Por otra parte, José Manuel Hornelas Alba, jefe de la Oficina del Programa de Ahorro de Energía de la CFE, aseguró que la iniciativa no limitará la generación de energías renovables, pues la empresa desarrollará el proyecto fotovoltaico más grande de América Latina en Puerto Peñasco, Sonora, al tiempo que integrará el desarrollo de la geotermia, donde actualmente genera energía con el proyecto Los Humeros, al tiempo que repotenciará las centrales hidroeléctricas de la CFE para darles 50 años de vida adicional.
Sin embargo, Carlos María, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Derecho en Energía (AMDE), asegura que la participación privada con los esquemas vigentes en la reforma de 2013, transfiere los riesgos de desarrollar la infraestructura a los inversionistas, lo que permite al Estado dejar de lado esas inversiones y no endeudarse para aumentar la generación.
El especialista reconoce que siempre es probable que existan abusos por parte de algunas empresas, pero para ello existe una regulación que establece castigos para quienes violen la ley.
Durante el ejercicio de preguntas y respuestas, el líder sindical y el vicepresidente de la AMDE, con posturas encontradas, coincidieron en que la electricidad es un negocio y una obligación del Estado.
Por una parte, Carlos María defendió que no se puede echar a la basura las cosas que funcionan de la reforma de 2013, como las subastas eléctricas de largo plazo, aunque admitió que hay espacio para mejorar la regulación, sin la necesidad de implementar una contrarreforma constitucional.
Dijo que entre las consecuencias negativas de la iniciativa presidencial está el artículo 1 transitorio de la propuesta, que establece la cancelación de todos los contratos firmados de forma posterior a la modificación de 2013, lo que implicaría dejar sin electricidad a la mitad del país, pues hasta el momento, no se conoce si el gobierno federal negociaría nuevos contratos con el sector privado para electrificar al país, o si el sector privado aseguraría las nuevas condiciones.
De acuerdo con la iniciativa, el sector privado genera 62 por ciento de la electricidad, por lo que el día siguiente de la entrada en vigor de la reforma, estas empresas tendrían la obligación de dejar de generar, lo que dejaría a al menos la mitad del país sin energía, aclaró Carlos de María.
Por su parte, Cuapio reconoció que la electricidad es una obligación del Estado, pero también es un negocio, aunque coincidió en que es necesario evitar que ocurran abusos.
Carlos María coincidió en que la obligación del Estado a cumplir con un Derecho Humano no está peleada con el negocio, tal como ocurre en otras industrias, como la alimentación, la salud o la educación.
“Siempre estaremos en contra de los abusos, pero los seres humanos tenemos un derecho fundamental de tener un trabajo, entonces que las empresas o el Estado cobren por la electricidad es normal. No se puede contradecir, para cumplir con los derechos humanos, que no se cobren los servicios”, por lo que consideró innecesario desaparecer los aspectos que funcionan de la reforma anterior o estatizar completamente al sector, porque es un “extremo que no conviene a nadie”.
En este mismo sentido, Monserrat Ramiro, excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), aseguró que el objetivo del debate no es “defender a las empresas” y que el “foco debe concentrarse en quien prende el foco y paga las tarifas”, mismas que no han bajado, debido a la suspensión de las subastas eléctricas.
“Lo importante no es quién genera, sino quién lo hace de forma más eficiente y barata” y añadió que el dilema verdadero es entre energías fósiles y renovables, las renovables son más baratas y no contaminan ni representan un riesgo a la confiabilidad.