Y ahí vamos otra vez. El presidente de la República ha insistido desde hace unas semanas en su intención de mandar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los organismos reguladores de distintos sectores, entre ellos, por supuesto, de energía.
Ya dijo que enviará su iniciativa al Congreso de la Unión este 5 de febrero, Día de la Constitución, y apenas habiendo comenzado el último periodo de sesiones de la LXV Legislatura.
Olvídese de la andanada de amparos, de la cancelación de futuras inversiones nacionales y extranjeras, y del ya de por sí enrarecido clima de incertidumbre que se incrementará con ello. Será un golpe más a la relación de México con sus socios comerciales de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, en esa piedrita en el zapato en la que se ha convertido el T-MEC para la Cuarta Transformación.
Si llegara a prosperar la iniciativa, el problema no será para esta administración, sino para las siguientes de México y de Estados Unidos, en ambos casos, quede quien quede y sea del partido que sea. Recuerde que este año también hay elecciones del otro lado de la frontera. Heredando problemas.
Cumplimiento mágico
Según los históricos de generación limpia a partir de la propia información gubernamental, concretamente de la Secretaría de Energía, de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional de Control de Energía, México no estaba logrando sus metas anuales para alcanzar el 35 por ciento de generación eléctrica a partir de fuentes renovables.
La meta para 2018 era de 25 por ciento, pero se logró 20.8; para 2020 era de 28.3 por ciento, pero alcanzamos 24.2; en 2022 deberíamos haber llegado a 31.7 por ciento, pero nos quedamos en 26.1, y en 2023 tendríamos que haber cerrado en 33.3 por ciento, pero tuvimos un bajón a 21.9 por ciento.
Sin embargo, resulta que en la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, publicada la semana pasada, los porcentajes de cumplimiento se reajustaron mágicamente y, por ejemplo, en 2022 pasamos de los 26.1 a 31.2 por ciento. E indica por supuesto que en 2024 se llegará al 35 por ciento.
La Estrategia cita a la SENER que indica que los niveles de incumplimiento se debieron, entre otras causas, “a las distintas suspensiones judiciales a instrumentos de planeación que garantizarían una incorporación segura de centrales de generación intermitentes, entre otros”, aun cuando la Secretaría no señaló que los factores mencionados fueron provocados por el mismo gobierno federal con sus reformas al sector eléctrico.
A ver con qué cara llegamos este año a la COP29 en Azerbaiyán.
Rechazo a lo privado
La visión estatista con rechazo hacia todo lo que sea privado en la Cuarta Transformación se siente en todos los ámbitos nacionales y la revisión, modificación o elaboración de las Normas Oficial es Mexicanas (NOM) no podía ser la excepción.
La Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC) marca que cada año se deben revisar los temas a ser desarrollados, modificados o cancelados para integrarlos en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad (PNIC) y, a su vez, presentar este último ante la Comisión Nacional de Normalización.
Pero resulta que en el PNIC 2024, la Secretaría de Economía bajo el mando de Raquel Buenrostro dejó fuera 12 de los 17 temas que tenían que ver con eficiencia energética, un factor que permite a los hogares, comercios e industrias contar con equipos que utilizan cada vez menos energía con el consecuente impacto positivo en la economía familiar y empresarial, más ahora en tiempos de inflación y cada vez más altas tarifas eléctricas.
La razón, de acuerdo con expertos, es simplemente porque no interesa a la dependencia la opinión del sector privado en la elaboración o modificación de las NOM, aun cuando el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) por Ley tiene entre sus miembros a representantes justamente de la industria privada.