Completar el trilema, el gran faltante

El problema de la política energética del sexenio pasado es que se impusieron proyectos sin sentido lógico en la mayoría de los casos, prevaleciendo las ideas de un grupúsculo de personas sin mucha idea de la energía. Eso llevó a una creciente inseguridad energética (regresaron los apagones y desabasto de combustibles), a tener energía más contaminante (recordemos las intenciones de quemar el combustóleo) y energía cara vez más cara, totalmente contrario a lo que plante la Agencia Internacional de Energía como objetivos de una buena política energética.

Si algo hay qué agradecer a este gobierno es el cambio radical en política energética, por lo menos en el ámbito eléctrico. Se abren las puertas y se aceleran los procesos para la inversión privada, tanto para consumo propio como participación en mercado, como para satisfacer las necesidades de la empresa pública, CFE.

Si bien los procesos se han tenido que ir ajustando en las semanas, habla bien el ánimo por corregir. Y la prisa se nota, por eso las convocatorias una tras otra, para aprovechar los mecanismos que tiene la ley.

Hay dos partes del trilema que este gobierno ha abordado y, si los proyectos se concretan, habrán logrado: mayor capacidad en zonas de alta demanda y crecimiento, lo que podría significar mayor oferta, mayor seguridad. Pero además se impulsa casi exclusivamente inversión en renovables, al menos en proyectos de gran escala, y con esto energía más limpia. Pero además va de la mano con baterías, lo que vuelve a dar elementos de seguridad al sistema eléctrico.

Sin embargo, a pesar de que la ley prevé mecanismos tipo subastas (articulo 124, inciso VIII) y el articulo 38 habla de esquemas de largo plazo, donde el modelo de licitación pública abierta permitiría a CFE celebrar contratos de cobertura eléctrica con costos competitivos, estos mecanismos se han mantenido en reserva para dar pie solo a los de inversión mixta.

¿Cuál es la diferencia? Los de inversión mixta dan la copropiedad –y al final, la propiedad– de las centrales a CFE, pero los de largo plazo pueden permitir costos más bajos de energía para la empresa estatal y, a su vez, para el usuario, aunque la propiedad de la central no sea de CFE. En otras palabras, el hecho de que la eléctrica del Estado se quede con los fierros nos cuesta dinero extra a los mexicanos, de forma innecesaria.

Creo que para nosotros como usuarios del sistema eléctrico, la prioridad es tener energía al costo más bajo posible, no que las centrales sean propiedad del gobierno. Y si ya están asegurando propiedad de algunas centrales (o de la tecnología, los fierros, porque en renovables los terrenos suelen ser rentados), creo que sería plausible retomar de la ley y echar a andar estos mecanismos que harán, además, más competitivo al país, al contar con costos más bajos de energía. Intentar recuperar algo de lo que la reforma judicial y otras acciones nos quitaron.

“Creo que para nosotros como usuarios del sistema eléctrico, la prioridad es tener energía al costo más bajo posible, no que las centrales sean propiedad del gobierno”.

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