Siempre que participo en algún curso o clase sobre asuntos de paneles solares en pequeña escala surge una pregunta bastante interesante: ¿quién y cómo se regula la estructura de soporte de los paneles solares?
La pregunta no es menor, pues tal vez el accidente más común es ver volar paneles mal instalados en un episodio de viento.
La facultad de la regulación estructural recae en los gobiernos municipales, lo que se vuelve un problema toda vez que se debe atender y resolver con 2,462 autoridades distintas.
Ya se han realizado intentos por regular la parte estructural. El sexenio pasado hubo una propuesta en Jalisco. El proyecto que circuló lo hacía parecer más una medida recaudatoria que una herramienta de seguridad. Requería el aval de más de una oficina por municipio, con sus respectivos pagos. Afortunadamente el propio gobierno frenó el proyecto.
Hace unos días me encontré con un video que criticaba a una legisladora por supuestamente querer “poner impuesto a los paneles solares”. Ella presentó una iniciativa “en Matamoros, Tamaulipas” por la cual, según la persona del video, tienes que “pedir permiso y pagarle a un perito para ver tu techo y saber si puedes instalar paneles solares”. Esto me alarmó y me puse a revisar.
Al leer la iniciativa presentada por la diputada local Lucero Deosdady Martínez López (disponible en el sitio web del Congreso del Estado), encontré varias cosas que es necesario aclarar del video.
Primero, la iniciativa se presentó en el Congreso del Estado, no en Matamoros. La diputada además es de Tampico, aunque de representación proporcional. No sé de dónde sacaron lo de Matamoros y aunque irrelevante, preocupa por la calidad de la crítica.
A diferencia de lo dicho en el video, la iniciativa no habla de cobrar impuesto alguno, sino de que los municipios deben entregar un permiso o autorización respaldada por un “dictamen de seguridad estructural o memoria de cálculo expedido por un profesional o perito autorizado”.
La iniciativa per se no tiene problema alguno desde mi perspectiva, sino que busca dar seguridad al usuario ante la posibilidad de que algún instalador que en su ignorancia haga las cosas sin los materiales y/o cálculos necesarios para garantizar la seguridad. El problema puede ser que, como sucedió en el caso de Jalisco, donde el proyecto mandaba a pagar varios permisos, esta se convierta en una medida recaudatoria, más que de seguridad.
Una realidad es que el problema de la estructura es tal vez el menos atendido por la mayoría de las empresas de instalación, aunque los fabricantes han hecho una muy buena tarea diseñando y estandarizando sus productos y servicios para brindar seguridad. Pero me ha tocado ver desde instalaciones hechas con canceleria de baño, hasta “edificios” de tres pisos de estructura de aluminio que son potenciales papalotes esperando el primer viento para volar. Y, ojo, porque esto no lo puede regular la CNE ni SENER, por la distribución constitucional de competencias.
“Una realidad es que el problema de la estructura es tal vez el menos atendido por la mayoría de las empresas de instalación, aunque los fabricantes han hecho una muy buena tarea diseñando y estandarizando sus productos y servicios para brindar seguridad”.
Me parece que la iniciativa no es mala; en contraste con lo que falsamente se dice en los videos, no hay impuesto alguno, pero sí obliga al instalador a hacer los cálculos y que lo revise un perito, igual que se debe hacer con casi cualquier construcción.
Los paneles solares no son sombrillas que pones en el techo, ni una antena de TV, sino generadores eléctricos que por sus características ofrecen peso pero, más importante, resistencia al viento, así que deben diseñarse caso por caso. Conozco empresas que se han negado a hacer instalaciones hasta que no haya reforzamiento, cosa que aplaudo.
Esperemos que este sea el inicio de un proceso de reflexión y acción para verificar la seguridad de las instalaciones, que requerirá profesionalización de las empresas. Ya las DACG en proceso prevén certificaciones para los instaladores, esto abonaría a la seguridad del ciudadano.
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