DACG de almacenamiento, ¿estorbar?

Al momento de emitir la Ley de la industria Eléctrica (LIE) se pudo incluir el concepto de almacenamiento eléctrico mediante baterías. Su poca participación fue casi invisible y el concepto brilló por su ausencia. Tal vez sea una de las cosas a corregir de la LIE.

En mayo de 2019 (casi cinco años después), la Comisión Reguladora de Energía envió al Diario Oficial de la Federación un documento que significaría la base legal para dar los primeros pasos para la regulación de los dispositivos de almacenamiento. Pero en un acto de ilegalidad, la SENER frenó su publicación junto con otras tantas, como la actualización de las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) de acceso abierto y los servicios de transmisión y distribución.

Para nadie es un secreto la hostilidad de este gobierno contra las renovables, el mayor pretexto que han usado para este bloqueo ha sido la mal entendida “intermitencia” (como si la hidroeléctrica, apuesta del presidente, no hubiera terminado como intermitente o de plano indisponible por la sequía; o las térmicas, por falta de gas o fallas). Y desde el mismo 2019, gente de CFE y CENACE hablaban de la necesidad de que las renovables contaran con baterías para mitigar los efectos de su intermitencia.

En mayo de 2020, la SENER estableció una política de confiabilidad mediante la cual buscó obligar a los generadores con tecnologías renovables (de nuevo) intermitentes, para que usaran baterías en sus centrales eléctricas.

Es curioso que en la reforma a la LIE (Ley Combustóleo) no se haga mención alguna al almacenamiento o baterías.

“Es curioso que en la reforma a la LIE (Ley Combustóleo) no se haga mención alguna al almacenamiento o baterías”.

La cosa es que casi cinco años después, la CRE manda un proyecto para regular las baterías o almacenamiento eléctrico.

A pesar de que es una buena señal que el organismo regulador haya mandado el proyecto, preocupa que éste, por muy proyecto que sea, se presente con vicios de ilegalidad desde un inicio (¿no hay abogados que asesoren a los proyectistas?), pues recordemos que el Estado solo puede hacer lo que la Constitución y la ley le faculta expresamente. Entonces, exigir un permiso para el cual la CRE no está facultada falla a principios de legalidad.

Pero hay algo absurdo de fondo en el proyecto. Se sabe que las baterías no solo almacenan energía, sino que pueden ofrecer servicios de regulación que pueden apoyar a la confiabilidad, el propio proyecto lo menciona. Me refiero a servicios como peak load shifting, regulación de la frecuencia y voltaje. Por cierto, estos mismos servicios los dan las centrales térmicas, pero las baterías lo hacen con mayor velocidad de respuesta y precisión. Pero la CRE no da valor a eso, sino que pide al CENACE que sugiera las reglas para dar valor a esos beneficios. Es pedirle al CENACE que haga las reglas que la CRE, en su papel de regulador y autoridad de confiabilidad y vigilancia del mercado, debe hacer y para lo cual cuenta, al menos en teoría, con cinco direcciones generales dentro de su unidad de electricidad.

Esto sería tan absurdo como que el reglamento de tránsito dijera: “Está prohibido rebasar los límites de velocidad, pero exhortamos a los agentes de tránsito a que nos digan cuál debe ser ese límite. En lo que lo indican, no diremos cuál es el límite y no se aplicará el límite”.

Tanto no dar valor a los servicios que pueden ofrecer los sistemas de almacenamiento, como la exigencia de solicitar un permiso (repito, ilegalmente), parecen que buscan eliminar el incentivo a la incorporación de las baterías.

La instalación de centrales de almacenamiento incorporadas a redes de distribución es de hecho más útil al sistema y al usuario final que las de centrales eléctricas. Esas son las que, con un control adecuado, pueden asegurar que los centros de carga reciban energía con calidad y continuidad. Pero el proyecto no da valor a eso, sino solo a un negocio de intercambio de energía y la ganancia es el diferencial entre costos bajos de carga y altos de entrega.

Entonces, la pregunta es: ¿se trata de estorbar la incorporación de almacenamiento y seguir usando la intermitencia como un falso pretexto para frenar a las renovables?

Si bien es necesario tener registro de la existencia de algunas partes de las unidades de almacenamiento para efectos de regulación del sistema y control, exigir los permisos que esta administración se ha caracterizado al negar con cualquier pretexto o que son víctimas de silencio administrativo parece ser una maniobra para aletargar su entrada o encarecer innecesariamente la instalación de centrales eléctricas, prolonga el proceso real de regulación a futuro y le deja la tarea al CENACE.

Pero entonces, la regulación como está propuesta no abona a un desarrollo rápido y maduración del Sistema Eléctrico Nacional, que lleva más de un lustro de atraso en buena medida por los bloqueos y la falta de acciones del propio regulador que ahora crea una herramienta más para retrasar (aún más) ese desarrollo.

Total, que no hay apagones por falta de capacidad que deban ser atendidos con más generación y tecnología, ¿verdad?

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