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Cada vez que ocurre una interrupción importante del suministro eléctrico aparece una explicación: una tormenta, un incendio, la falla de un equipo o, como escuchamos recientemente tras el apagón del 31 de agosto, actos de vandalismo. Aparentemente, identificar el detonante cierra la discusión. Pero en un sistema eléctrico moderno, saber qué inició una falla no explica por qué terminó afectando a miles o millones de usuarios. Identificar el detonante no explica la propagación.
Los sistemas eléctricos no se diseñan suponiendo que nunca ocurrirá una falla; se diseñan sabiendo que ocurrirán. Por eso existen criterios de contingencia, redundancias, protecciones y automatismos. La función de un sistema confiable no es evitar absolutamente todo incidente, sino impedir que una contingencia razonablemente previsible se convierta en una crisis.
Lo vimos el pasado 3 de junio en la Península de Yucatán. La salida de las dos líneas de transmisión Escárcega-Ticul de 400 kV provocó la operación del Disparo Automático de Carga, afectando 579 MW en Yucatán y Quintana Roo. El propio CENACE informó que la actuación de ese esquema evitó una afectación mucho mayor, equivalente a 2,234 MW en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
El automatismo hizo exactamente lo que debía hacer: defender al sistema ante una condición crítica. Pero que la última línea de defensa funcione correctamente no significa que desaparezca la vulnerabilidad que hizo necesaria su actuación. Salvar al sistema de una afectación mayor es indispensable; evitar llegar recurrentemente a esa condición es el verdadero reto de confiabilidad.
Cuando se informa sobre una interrupción suele hablarse de megawatts desconectados o tiempo de recuperación. Pero esos indicadores no describen el costo real. El sistema eléctrico cuenta megawatts interrumpidos; la economía cuenta procesos detenidos. Un apagón no desconecta solamente medidores: desconecta fábricas, hospitales, centros de datos, telecomunicaciones, sistemas de bombeo, comercios y cadenas de frío.
Consideremos un ejemplo. En Torreón opera desde 1997 una planta dedicada a la fabricación de motores diésel para maquinaria agrícola y de construcción, concebida originalmente para producir del orden de 30,000 motores anuales. Supongamos, únicamente para dimensionar económicamente una interrupción, un valor promedio de 18,000 dólares por unidad. Con 250 días de producción al año estaríamos hablando de aproximadamente 120 motores diarios y de más de 2 millones de dólares de producto que dejaría de fabricarse si la planta permaneciera detenida durante una jornada.
Y ése sería apenas el primer renglón de la cuenta. Habría que agregar materia prima desperdiciada, horas improductivas, procesos que deben reiniciarse, embarques retrasados, transportes extraordinarios, penalizaciones contractuales y posibles afectaciones a otras plantas que dependen de esos componentes. Una interrupción local puede propagarse económicamente mucho más allá de la instalación que perdió el suministro.
Ahora imaginemos este mismo costo multiplicado por todas las naves de un parque industrial, y proyectemos ese impacto a escala local, regional, estatal y nacional. Una interrupción de suministro puede propagarse económicamente mucho más allá de la instalación que perdió la energía
Existe además una distorsión frecuente: medimos los apagones por su duración eléctrica, pero su duración económica puede ser mucho mayor. La electricidad puede regresar a las tres de la tarde, pero un lote perdido, un horno que debe recuperar sus condiciones de operación o una cadena logística interrumpida significan que el daño no terminó cuando regresó la energía.
La duración eléctrica de un apagón no es igual a su duración económica.
Ante esta vulnerabilidad, las empresas terminan construyendo su propia defensa: compran generadores de emergencia, UPS, bancos de baterías, almacenan combustible, contratan seguros y diseñan sistemas de respaldo. El costo no desaparece; simplemente cambia de bolsillo. Aquello que el sistema eléctrico no proporciona en confiabilidad termina siendo financiado directamente por quienes dependen de él.
“Aquello que el sistema eléctrico no proporciona en confiabilidad termina siendo financiado directamente por quienes dependen de él”.
Y así, la falta de confiabilidad deja de ser solamente un problema eléctrico para convertirse en un costo de hacer negocios en México.
Entonces surge una pregunta incómoda: ¿por qué llegamos a estas condiciones si las vulnerabilidades pueden identificarse técnicamente y existen instrumentos de planeación como el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) y el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión (PAMRNT)?
Porque planear no significa publicar documentos.
La planeación adquiere valor cuando los diagnósticos se convierten oportunamente en líneas, subestaciones, compensación, protecciones, mantenimiento, refuerzos y capacidad operativa. Una necesidad identificada cuya solución llega después de la contingencia no fortaleció oportunamente al sistema: simplemente dejó documentada su vulnerabilidad.
Y todavía existe otro componente que ninguna línea de transmisión puede sustituir: el conocimiento.
La seguridad energética de una nación depende de la infraestructura física que posee, pero también de la capacidad técnica de quienes la planean, construyen, mantienen y operan. Un sistema eléctrico cada vez más complejo requiere personal altamente especializado, experiencia acumulada, memoria institucional y capacidad para anticipar condiciones que no siempre aparecen en un procedimiento.
Cuando ese capital técnico se erosiona, la consecuencia no se observa inmediatamente en un balance financiero. Aparece después: decisiones tardías, menor capacidad de anticipación y organizaciones que comienzan a reaccionar ante los problemas en lugar de prevenirlos.
Por eso la discusión sobre confiabilidad debe incluir también una pregunta que pocas veces aparece después de un apagón: ¿México está conservando y fortaleciendo la capacidad técnica necesaria para gobernar un Sistema Eléctrico Nacional cada vez más complejo?
México quiere competir en una economía de nearshoring, manufactura avanzada, centros de datos y electromovilidad. Pero todas esas actividades exigen algo elemental: electricidad confiable. Ninguna estrategia industrial puede abstraerse de la infraestructura que la sostiene.
No existe transición energética exitosa sin confiabilidad. No existe industrialización sostenible sin continuidad del suministro. Y no existe seguridad energética si una contingencia puede convertirse repetidamente en una interrupción extensa.
Por eso, un apagón no debe evaluarse solamente por la tormenta, el incendio, la falla o el vandalismo que expliquen su inicio. Ésos pueden ser detonantes. La verdadera medida de la confiabilidad es qué ocurre después de que aparece la contingencia.
¿La falla fue contenida? ¿Existía redundancia? ¿La vulnerabilidad era conocida? ¿Había obras pendientes? ¿Existían alternativas operativas? ¿Cuánto daño pudo evitarse? ¿Y qué se hizo desde la contingencia anterior para impedir que volviera a ocurrir?
Ésas son las preguntas que una explicación basada únicamente en vandalismo no responde.
Y finalmente queda la más importante:
¿Quién paga el costo de un sistema que no fue suficientemente resiliente?
Lo paga la industria. Lo paga el comercio. Lo paga la inversión. Lo pagan los ciudadanos.
Lo paga el país.
La electricidad puede restablecerse en unas horas.
El costo de haberla perdido permanece durante mucho más tiempo.
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