Mantiene México tensa relación energética con Estados Unidos

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una visita de Estado a Estados Unidos, donde se reunió con el mandatario Joe Biden, así como con la vicepresidenta, Kamala Harris; sin embargo, en la mesa del inquilino de la Casa Blanca, el Congreso y el sector privado hay un tema que no ha dejado de preocupar a los tomadores de decisiones de la economía más grande del mundo: la política energética nacional.

El inicio de las tensiones ocurrió debido a la reapertura del Tratado México-Estados Unidos- Canadá (T-MEC), el 1 de julio de 2020. De acuerdo con el mandatario mexicano, la revisión del acuerdo tripartita le daría al país total autonomía para el manejo de su sector energético.

No obstante, apenas tres meses después, el 22 de octubre de ese año, 43 congresistas norteamericanos enviaron una carta al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresando que la política energética mexicana viola el espíritu del T-MEC.

Las presiones de los congresistas y del sector privado se mantuvieron hasta el final del mandato de Trump y trascendieron las fronteras.

Para el 11 de enero de 2021, a nueve días del cambio de administración, secretarios de la gestión saliente enviaron una carta a sus homólogos mexicanos, donde advirtieron las preocupaciones sobre las acciones que estaba tomando el gobierno mexicano en la política energética y las posibles implicaciones que esto podía tener en el marco del T-MEC.

El relevo de la administración en Estados Unidos no representó un cambio de paradigma. La primera acción del presidente Joe Biden fue volver a integrar a la Unión Americana en el Acuerdo de París, lo que refrendó el compromiso de su gestión con la transición energética.

Pese a la claridad de la política energética estadounidense, el mandatario mexicano volvió a echar leña al fuego, con la presentación de la propuesta de iniciativa de Reforma Eléctrica, el 30 de septiembre del año pasado.

Apenas 18 días después, el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, realizó una visita al presidente de México, donde el tema central fue la transición energética y la política en el sector, en un entorno en el que comenzaba la discusión para establecer una reforma constitucional que buscaba beneficiar directamente a la Comisión Federal de Electricidad, y cerrarle la puerta a la inversión privada en materia de generación de energía.

La cronología presentada por la consultora Publius, de César Emiliano Hernández Ochoa, exsecretario de Electricidad, del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, retoma además, que el 3 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo una reunión con el gobierno federal para discutir la Reforma Eléctrica y para el 15 de diciembre, el mismo funcionario estadounidense dijo que ya se estaba trabajando para resolver los problemas que podría generar el cambio constitucional.

Este año, para ser precisos, el 21 de enero, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, realizó una visita de trabajo al gobierno federal, donde la agenda se centró en los problemas preexistentes que bloqueaban la inversión privada en energías renovables y ponían en riesgo miles de millones de dólares de infraestructura generada por empresas estadounidenses, así como la propuesta de modificación regulatoria.

Las visitas de John Kerry fueron constantes al país, pues el 9 de febrero en una segunda reunión con el Ejecutivo, aseguró que la iniciativa tenía que respetar el espíritu del acuerdo comercial.

El sector privado no se quedó atrás, y para el 22 de febrero, la empresa Monterra Energy presentó la intención de iniciar un arbitraje internacional contra México, debido a las violaciones al T-MEC.

Para marzo, el Congreso de Estados Unidos advirtió en un informe que los inversionistas expresaban serias preocupaciones respecto al entorno energético del país.

Al cierre de ese mes, la embajadora comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, aseguró que Washington ya estaba analizando posibles arbitrajes internacionales contra México, ante los cambios implementados y propuestos en el sector.

La situación parecía mejorar en medio de las presiones del Ejecutivo y Legislativo estadounidense, así como el sector privado, pues el 3 de junio, el presidente de México dijo que se reunió durante dos semanas con 17 empresas estadounidenses del sector energético para promover acuerdos en el ramo y que se reactivaran los procesos de inversión sin mayor contratiempo.

Sin embargo, para el 6 de julio, las secretarias de Economía y Comercio de México, Tatiana Clouthier, Estados Unidos, Katherine Tai, y Canadá, Mary Ng, tuvieron una reunión tripartita en la que ambas funcionarias norteamericanas dijeron que el tema energético de México seguía sobre la mesa y que era una situación que se mantendría hasta alcanzar acuerdos.

Al día siguiente de la reunión tripartita, la agencia Standard & Poor’s mejoró la perspectiva de la calificación soberana de México de negativa a estable, lo que dio estabilidad a la calidad crediticia del país.

Sin embargo, la calificadora destacó que uno de los motivos principales para mejorar la perspectiva era que la Reforma Eléctrica fue rechazada por la Cámara de Diputados y que el presidente difícilmente tendría poder para hacer más cambios constitucionales para el resto de su sexenio.