El reciente foro sobre yacimientos de baja permeabilidad en Tamaulipas ha reabierto un debate estratégico que México no puede seguir postergando. En un mundo que redefine sus cadenas de suministro, nuestro país posee un potencial geológico de clase mundial en recursos de lutitas. Sin embargo, esta riqueza permanece dormida mientras enfrentamos una creciente dependencia de las importaciones de gas natural (que ya supera el 70% del consumo nacional), una vulnerabilidad que compromete nuestra competitividad y seguridad energética. En el contexto de la relocalización industrial (nearshoring), una ventana de oportunidad única, la explotación de estos recursos no es una opción, sino un imperativo económico y de soberanía.
La necesidad de desarrollar estos yacimientos se fundamenta en tres pilares estratégicos interconectados. Primero, la soberanía energética. Esta solo se alcanzará al reducir la vulnerabilidad que hoy se traduce en exposición a picos de precios internacionales, como los vistos en crisis geopolíticas y climáticas recientes, y en una dependencia logística que compromete la continuidad del suministro industrial. Producir en territorio nacional significa tener control sobre la molécula, desde el pozo hasta el consumidor final, aislando a nuestra economía de shocks externos y garantizando el abasto para la industria nacional. No se trata solo de tener energía, sino de tenerla con certidumbre, un activo invaluable en un mundo volátil.
Segundo, la competitividad industrial. Sectores de alto valor agregado como el automotriz, el de semiconductores y la manufactura avanzada son electro-intensivos y gas-intensivos. Sus decisiones de inversión, que se cuentan en miles de millones de dólares y décadas de operación, dependen de una sola variable fundamental: energía estable y a precios predecibles. Sin una oferta de gas natural abundante y competitiva, la ecuación de inversión para estas empresas simplemente no funciona. La disponibilidad de energía es el cimiento sobre el que se construirá el nuevo corredor industrial de Norteamérica; México debe proveer ese cimiento para capitalizar la oportunidad histórica del nearshoring y no ser solo un espectador.
Finalmente, una transición energética ordenada. Las energías renovables son, por naturaleza, intermitentes. El gas natural, con su capacidad de arranque rápido, es el complemento perfecto para generar electricidad cuando la radiación solar o el viento disminuyen, garantizando la estabilidad de la red eléctrica 24/7. La alternativa a este respaldo con gas no son más renovables, sino el uso de combustibles más caros y contaminantes como el combustóleo, lo cual representaría un grave retroceso ambiental y económico. El gas es el habilitador de una mayor penetración de energías limpias, no su enemigo.
El principal obstáculo ha sido un debate anclado en percepciones tecnológicas obsoletas. Las preocupaciones sobre el fracturamiento hidráulico (fracking) son legítimas, pero hoy son desafíos de ingeniería gestionables a través de una regulación estricta. La contaminación de acuíferos se mitiga con la integridad del pozo, un estándar que exige múltiples revestimientos de acero y cemento, creando barreras concéntricas que son monitoreadas en tiempo real para asegurar un aislamiento hermético. El uso de fluidos se ha optimizado; la composición es 99.5% agua y arena, y la industria avanza hacia aditivos no tóxicos y el reciclaje de agua. La microsismicidad inducida, por su parte, es un fenómeno conocido que se gestiona con estudios geológicos previos y monitoreo en tiempo real para operar dentro de umbrales seguros, muy por debajo de la sismicidad natural.
“Las preocupaciones sobre el fracturamiento hidráulico (fracking) son legítimas, pero hoy son desafíos de ingeniería gestionables a través de una regulación estricta”.
La conclusión es clara: el desafío no es técnico, sino regulatorio. La discusión debe pasar de la prohibición a la creación de un marco normativo de vanguardia, sustentado en las mejores prácticas internacionales en la materia. México tiene la capacidad, a través de sus instituciones energéticas y ambientales, de diseñar y supervisar un modelo que garantice operaciones seguras y maximice el beneficio para la nación. Se trata de construir una industria con visión de largo plazo, que genere cadenas de valor, opere con los más altos estándares y se convierta en un pilar del desarrollo. Actuar con visión de Estado para despertar a este gigante dormido es una decisión impostergable para asegurar el futuro industrial y la soberanía energética del país.
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