México perderá competitividad con cambio eléctrico

La aprobación de la reforma eléctrica reducirá la competitividad del país en el entorno internacional y particularmente en el área de América del Norte, comentó Oscar Ocampo, coordinador Coordinador de Energía en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

Durante la mesa Impacto en la Competitividad de las Empresas. Riesgos para la Inversión, el especialista aseguró que uno de los grandes éxitos del extinto TLCAN fue el desarrollo de la industria automotriz, que estará en riesgo de perder rentabilidad, debido a la posibile alza en el costo de las tarifas.

Según un estudio del Instituto Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, la reforma incrementaría hasta 54 por ciento el costo de la electricidad en el país.

Bajo este escenario, señala el analista del Imco, el sector automotriz perdería 14 por ciento de su rentabilidad en México.

“Estos sectores han sido la palanca de desarrollo de México en los últimos 27 años”, dijo el especialista.

Recordó que el costo de generación de la CFE por Megawatt/hora (MW/h) del año pasado se ubicó en un promedio de mil 413 pesos contra mil 100 pesos por MW/h de los Productores Independientes de Energía, que le venden la energía a la CFE.

El costo de generación de las energías renovables que se abrieron a partir de la reforma de 2013 fue de 401 pesos por MW/h.

Si se aprueba el cambio constitucional, todos estos productores estarían al costo que les marque la CFE, añade Ocampo.

Entre los principales argumentos para impulsar la reforma por parte de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, están que el sector privado tiene demasiados permisos de generación y que no pagan tarifas de porteo a la empresa productiva del Estado.

Por una parte, la titular de la Sener asegura que la demanda de electricidad proyectada es de 52 mil 500 MW, pero la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado permisos por 143 mil 372 MW, lo que puede causar saturaciones en la red eléctrica.

Sin embargo, la legislación establece que no es suficiente con obtener el permiso de la CRE para echar a andar una central eléctrica.

La reforma de 2013, entre otros criterios técnicos, otorgó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la capacidad de determinar dónde se pueden instalar las centrales eléctricas para evitar la saturación.

Este criterio se basa en estudios de interconexión para verificar que donde las empresas quieran construir sus centrales, exista la capacidad suficiente en la red para que pueda interconectarse. Si el CENACE indica que deben llevarse a cabo obras de refuerzo o construir líneas de transmisión, esto debe hacerse. Además, si el Centro concluye que la central no puede interconectarse por no ser factible técnicamente, ésta no puede hacerlo, aunque exista un permiso por parte de la CRE.

Además, en caso de que el Cenace autorice la instalación de las centrales eléctricas del sector privado, también tiene la facultad de ordenar la construcción de adecuaciones para que las empresas puedan inyectar la electricidad al sistema.

Una vez que esa infraestructura está concluida, los privados tienen la obligación de donarla a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que la compañía liderada por Manuel Bartlett se beneficia directamente de la inversión privada.

Además, una vez que se concluye este proceso, las centrales firman un contrato con CFE Transmisión, lo que hace a la Comisión corresponsable de que todas las interconexiones a su red estén en óptimas condiciones para operar. 

A principios de octubre, el propio Imco aseguró que la CRE tomó una postura parcial que busca equivocadamente beneficiar a la CFE a costa de la competitividad.

“El autoabasto eléctrico tiene su origen en las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de diciembre de 1992, con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. Para lograrlo era indispensable contar con energía eléctrica suficiente y a precios competitivos. En el contexto jurídico y económico de esos años era imposible hacerlo con recursos públicos”, recopila el Imco.