Privados en transmisión

Una sorpresa para este año está del lado del desarrollo de infraestructura de transmisión eléctrica, en el que la iniciativa privada podría participar más allá de las líneas que las empresas privadas tienden para interconectar sus centrales de generación a la Red Nacional de Transmisión (RNT).

En el 4º Foro IMEF que se llevó a cabo la semana pasada, Rogelio García Castillo, gerente de Finanzas de CFE Capital, dijo que se estudia la participación de empresas privadas en la construcción de infraestructura de transmisión, que incluye subestaciones y remplazo de equipos, entre otras.

Muy resumido le podemos decir que se trata de que los privados puedan participar en estas obras de “alta rentabilidad”, según dijo García Castillo, y que tengan un peso en las decisiones operativas; es decir, que no nada más se caigan con el dinerito. Por cierto, el funcionario dijo que la mayoría de los recursos para estas obras se captará mediante el vehículo financiero CFE FIBRA-E que administra CFE Capital.

Le recordamos a usted que, por mandato constitucional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene el monopolio sobre las redes de transmisión y de distribución del país, aunque desde hace unos años los privados pueden construir las líneas para la interconexión de sus centrales a la RNT y, luego, transferir la propiedad a la CFE.

Lo mismo ahora, nada más que con un mayor campo de decisión en la operación para después, alcanzado el retorno de inversión, hacer el traslado de la propiedad.

Según García Castillo, este año se prevé la concreción de 19 contratos mixtos que suman inversiones por 7.8 mil millones de pesos, con entrada en operación prevista para 2027 y 2028.

Se oye bien si se considera que la actual administración heredó de la pasada un único kilómetro de ampliación de la RNT. Sí, solo un kilómetro en seis años.

¿A México le sobra petróleo?

Donde ya no nos cuadran las cuentas es –para variar– en el petróleo. Como usted supo, trascendió que México exportará a Japón alrededor de un millón de barriles de crudo. Hasta aquí todo bien, siempre es bueno diversificarse en comercio.

Según una nota difundida por el medio nipón NIKKEI, el envío es resultado de un acuerdo alcanzado entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la primera ministra asiática, Sanae Takaichi.

En su conferencia matutina, la mandataria mexicana explicó que el petróleo que se enviará a Japón es del que no se utiliza en las refinerías del país. Y justo aquí es en donde la cosa se pone rara. ¿Nos sobra crudo? ¿A partir de cuándo? ¿Y por qué desde los últimos años las exportaciones han ido significativamente a la baja teniendo ahí ese “sobrante”?

Tan solo en febrero pasado, nuestra Pemex exportó apenas 517 mil 784 barriles diarios promedio, o sea, la mitad de lo que se enviará a Japón.

Cabe aclarar en este punto que la noticia de NIKKEI no especificó –y tampoco nadie en el gobierno– si ese millón será en una sola compra, o serán varias entregas por ese volumen, ni de qué tipo de petróleo estamos hablando, pero nosotros seguimos preocupados por la frase “del que no se utiliza en las refinerías”. ¿También de ese se manda a Cuba, o es de otro?

Quizá muchas preguntas para las cuales agradeceríamos algunas respuestas.

Gasolinerías, una olla a presión

Las cosas se están poniendo complicadas en el mundo de las gasolinerías, donde se juntan un escenario internacional complejo, topes al precio de venta al público de los combustibles automotor y políticas púbicas recicladas. Pero, sobre todo, extorsiones institucionalizadas y de grupos de malosos.

Le explicamos. Desde abril, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que lleva Iván Escalante puso en marcha el programa de colgar lonas en gasolinerías que venden caro las gasolinas y el diésel bajo el lema “No compres aquí. Se vuelan la barda con los precios”, junto con los respectivos logotipos de la dependencia y de la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard.

Como usted recordará, la idea de las lonas surgió a principios del año pasado y recuerda las “distinciones” que otorgó durante algún tiempo la Profeco en tiempos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para aquellas estaciones de servicio que eran “Aliadas del Consumidor”, obviamente con su respectiva lona.

El asunto es que ahora, como en ese entonces, las críticas a estas políticas insisten en que el gobierno no considera aspectos fundamentales de cualquier mercado, como los costos operativos y de logística, o volúmenes de venta, o aspectos exógenos, como acoso –por usar un eufemismo– por parte de grupos delincuenciales pero también de funcionarios de la Profeco misma que –según denuncias en redes sociales– extorsionan a los gasolineros para no imponerles la lona de marras.

A diferencia del año pasado y de la administración obradorista, actualmente se suma un pacto para poner tope al precio de la gasolina regular y del diésel, además de un conflicto bélico internacional que ha pegado en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Es, digamos, una olla con mucha presión pero con tapa sin válvula.

La Profeco informó la semana pasada que 75 por ciento de un total de 107 gasolinerías verificadas habían ajustado sus precios de acuerdo con el pacto que impone el tope. En el caso del 25 por ciento restante, ¿se trata de abuso, o de imposibilidad? Es pregunta.