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Redacción / Energía a Debate
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) atenta contra el Estado de Derecho, genera incertidumbre regulatoria y aleja inversiones al intentar prohibir que en los contratos de autoabastecimiento y cogeneración se puedan incluir nuevos centros de carga, lo que regresa al país al monopolio eléctrico.
El organismo empresarial, presidido por Francisco Cervantes Díaz, se refirió este lunes a la propuesta de la CRE para modificar la resolución RES/390/2017 que tiene como propósito que en los contratos de autoabastecimiento y cogeneración de energía eléctrica se puedan incluir nuevos socios y centros de carga una vez que dichos contratos hayan sido celebrados.
La Concamin consideró que la propuesta de modificación del organismo regulador atenta contra los derechos adquiridos de los participantes en estas dos modalidades y fomenta volver al monopolio absoluto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dañando la competitividad de las empresas e industrias del país.
“Requerimos de un árbitro autónomo que cumpla cabalmente con la ley, o de lo contrario se estarán frenando las decisiones de inversión en este sector, particularmente urgido de nuevas y considerables inversiones que solo el sector privado podría afrontar”, fue el reclamo de la Confederación en un comunicado de prensa.
Advirtió que las modificaciones propuestas impedirán que un consumidor de electricidad pueda cambiarse de suministrador en autoabastecimiento, lo que limitaría la competencia debido a que las industrias ya no podrían tener acceso a energía con precios más bajos.
Consideró que esta medida lo que busca es que la CFE “acapare el mercado eléctrico de suministro industrial al dificultar que las empresas privadas puedan comprar y vender energía eléctrica en el régimen de autoabastecimiento”.
“Sin duda, se trata de otra medida encaminada hacia el monopolio de la CFE y que pegará en la competitividad de las industrias mexicanas”, aseguró el organismo empresarial.
Asimismo, denunció que esta modificación genera incertidumbre regulatoria a los inversionistas porque se cambian los contratos y permisos ya existentes.
