Se consuma reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas

Con la aprobación de los congresos de 22 de las 32 entidades que conforman la República mexicana, quedó aprobada la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas, por la que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasan formalmente a ser empresas públicas del Estado, además de dar por derogada la reforma energética de 2013.

En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados se dio fe de la recepción de los votos de los congresos locales a favor de la reforma que modifica, adiciona y deroga diversas partes de los artículos 25, 27 y 28  Constitucionales, por lo que Pemex y CFE dejan de ser empresas productivas del Estado.

Las entidades que votaron a favor de la minuta con proyecto de decreto fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

Cabe recordar que, por tratarse de una reforma al texto de la Carta Magna, son requeridos, además de la aprobación del Congreso de la Unión, los votos favorables de por lo menos 17 congresos estatales.

Apenas el 24 de octubre pasado, el Senado de la República emitió la declaratoria de constitucionalidad de las reformas, por lo que turnó la Minuta con el proyecto de Decreto a San Lázaro.

Durante la sesión celebrada este día, presidida por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, se dio lectura a la Declaratoria de reforma constitucional en la materia.

“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27, y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de áreas y empresas estratégicas. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales”, leyó el legislador perteneciente al partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Entre las modificaciones en materia eléctrica, aparece que en ningún momento las empresas particulares podrán tener prevalencia sobre las empresas públicas del Estado.

En exploración y extracción de hidrocarburos, se deja abierta la puerta a que las empresas públicas puedan celebrar contratos con particulares, pero queda prohibido otorgar concesiones.

Reafirman la propiedad y rectoría del Estado sobre el litio, cuyas actividades de exploración y extracción quedan reservadas al Estado y están prohibidas las concesiones a particulares.

En el segundo artículo transitorio, la Declaratoria indica que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a las Leyes Secundarias correspondientes.

Con esta reforma, se sepulta en definitiva la reforma energética de 2013-2014 impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto que abría el sector de la energía a la participación privada, promoviendo la competencia y libre concurrencia.

“Se derogan los artículos Transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que se opongan a las disposiciones del presente Decreto”, establece el artículo transitorio tercero.