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El sector energético ocupa el segundo lugar en términos de asignación de recursos para proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP) para el ejercicio 2025, detectó el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este año, se encuentran asignados 2.1 billones de pesos para un total de 513 iniciativas bajo el esquema de las APP.
Del total de iniciativas, 109 pertenecen al sector de los hidrocarburos y 80 al de electricidad, con una participación respectiva de 21 y 16 por ciento. En conjunto, los proyectos del sector energético representan 37 por ciento.
El CIEP indicó que los proyectos en materia de transporte ocupan el mayor número de iniciativas contempladas en el Presupuesto, con 243.
APP por sector
(Fuente: CIEP)
“Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son una herramienta clave para ampliar la infraestructura pública, especialmente en contextos de reducido espacio fiscal. Estas colaboraciones entre los sectores público y privado no solo diversifican las fuentes de financiamiento, sino que también dinamizan la economía mediante proyectos estratégicos”, explicó.
En el estudio “Infraestructura y Asociaciones Público-Privadas”, el CIEP bajo la Dirección Ejecutiva de Alejandra Macías Sánchez refirió que desde su inclusión en la Cuenta Pública en 2017, el gasto de inversión pública en APP ha crecido 22.3 por ciento en términos reales, con un enfoque prioritario en infraestructura de carreteras y servicios de salud.
Sin embargo, precisó, a pesar de este crecimiento, las APP representan el 1.1 por ciento del gasto de inversión total del PEF.
¿Qué son las APP?
El CIEP recordó que las asociaciones público-privadas son un mecanismo de colaboración entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos.
“A través de estas asociaciones, el Estado puede aprovechar la capacidad técnica, operativa y financiera del sector privado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la ejecución de obras y en la gestión de servicios, sin que ello implique necesariamente una privatización”, aclaró.
Además, explicó que este esquema es reconocido por organismos multilaterales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como un mecanismo para movilizar recursos del sector privado hacia proyectos públicos, siempre que se implementen con marcos adecuados de gobernanza, transparencia y evaluación técnica.
Desde el punto de vista regulatorio, las relaciones entre el sector privado con entidades de la administración pública, fideicomisos, entidades federativas y municipios está contemplada en la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y su Reglamento.
