Aumentan Reglamentos carga administrativa para empresas

El nuevo Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos (LSH) podría aumentar la carga administrativa para los privados, mas no para las empresas del Estado, advierten expertos.

“La carga administrativa es fuerte para los privados, no así para las empresas del Estado. Entonces, la competencia ya no es fácil”, dijo Maricarmen Medrano, Business Development en Sperton.

Al participar en el 15 Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía, celebrado esta semana en la Ciudad de México, la analista del sector en el segmento de midstream destacó que el nuevo Reglamento aumenta la carga regulatoria para la industria privada.Medrano se refirió a todos aquellos privados que realizan actividades de importación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de petrolíferos y petroquímicos.

“La carga regulatoria crece […] Te cuesta más participar en el mercado, entonces tienes que entregar mucha más información”, añadió.

Citó, por ejemplo, que quienes ya cuentan con un permiso tendrán que recabar y remitir información para refrendar sus permisos con plazos perentorios, de lo contrario, habría riesgo de perderlos en casos más extremos.

Tan solo en el sector gasolinero, los gastos regulatorios representan alrededor de 5 por ciento de su margen operativo, según ha reportado esta industria.

Además, la implementación de sistemas para acreditar los controles volumétricos requeridos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) supuso para este sector un costo total de 800 millones de pesos en la administración federal anterior.

Justicia energética, persisten dudas

En el evento, los especialistas externaron que persisten algunas dudas con respecto al concepto de justicia energética que fue introducido tanto en las Leyes Secundarias, publicadas en marzo de este año, como en los Reglamentos.

Enrique Guzmán, socio especialista en electricidad de la firma Enix, recomendó estar pendientes de la publicación de la normatividad en materia de la Manifestación de Impacto Social (MIS) en lo referente a la justicia energética.

Recordó que las empresas que ya invierten y tienen operaciones en México ya han realizado inversiones en este renglón y en proyectos sociales.

“Hay que esperar si el gobierno te va a poner un monto de inversión, o va a incluir lo que ya hacías en tu monto de inversión, o aparte de lo que ya hacías te va a pedir otro para poder desarrollar proyectos”, cuestionó.

En su momento, Maricarmen Medrano consideró como positivo este concepto y expresó que lo ideal sería que todos los mexicanos tuvieran acceso a energía a buen precio y de la manera más sostenible posible.Sin embargo, puso en la mesa la discrepancia entre las necesidades de las empresas en el momento de decidir la ubicación de los proyectos y la planificación gubernamental.

“El tema aquí es que si tú como empresa ya identificaste clientes y de dónde viene el hidrocarburo, el gas, la electricidad, lo que sea, pero no estás cumpliendo con lo que pide la autoridad en términos de lo que ellos buscan, podría ser un poco subjetivo lo que están pensando y de lo que quieren de un proyecto a lograr”, expuso dijo la experta. “No son los mismos objetivos que los que puede tener el gobierno de los que puede tener la industria”, concluyó.