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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, propuso un proyecto de sentencia para confirmar el amparo 164/2023 contra la Ley de la Industria Eléctrica, lo que podría sentar antecedentes para congelarla de forma definitiva.
Este proyecto de sentencia es el segundo en su tipo en menos de dos semanas, pues el ministro Javier Laynez Potisek propuso un proceso similar que será presentado ante el pleno de la Segunda Sala de la Corte el 27 de septiembre para su análisis y votación.
En el proyecto de Alberto Pérez Dayán se propone confirmar la sentencia que otorga el amparo a seis empresas contra algunos artículos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021.
En caso de que los ministros de la Segunda Sala de la SCJN aprueben el proyecto en el sentido que será presentado, el amparo beneficiará de forma generalizada a todas las empresas participantes del mercado eléctrico mayorista, pues se tendrá que implementar la versión previa de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
“Son correctos los alcances definidos por el juez a la protección constitucional, dado que sólo concedió el amparo respecto de la parte, quejosa pero anticipó que el resto de las empresas participantes del mercado resultarán beneficiadas por un efecto colateral”, señala el proyecto de sentencia.
Los dos proyectos propuestos por los ministros Pérez Dayán y Laynez Potisek se inclinan por la confirmación de los amparos.
Los procedimientos se realizaron, pues en enero de este año la Segunda Sala decidió revisar y dictar sentencia de los amparos promovidos por 18 empresas contra la LIE.
En los procedimientos previos, es decir, durante los juicios de amparo aprobados por los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa a las empresas productoras de energía eléctrica, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo impugnaron el otorgamiento del recurso legal.
Sin embargo, los procesos de impugnación fueron rechazados, al considerar que la nueva normativa es violatoria de las reglas vigentes desde 2013, las cuales señalan que debe existir libre competencia en la generación eléctrica.
